La tormenta perfecta desatada por los desajustes globales de la pandemia, la guerra en Ucrania y el paro del transporte ha colocado algunos sectores económicos en números rojos, incapaces de repercutir una escalada histórica de los costes de producción a los precios que perciben. Pues bien, esa situación momentáneamente ruinosa de vender a pérdidas es exactamente la misma que el sector agrario está sufriendo, y no ahora, sino desde hace muchos años. Lo que para algunos camioneros o pescadores constituye una crisis nunca antes vista, para muchos agricultores y ganaderos se vuelve un problema de rentabilidad endémico. Y prueba de ello es la gran mancha marrón de campos abandonados (la Comunitat Valenciana es el farolillo rojo de España, con cerca de 165.000 hectáreas dejadas de cultivar, y España lo es de Europa) y el cierre de dos granjas cada día.
Es lamentable que el Gobierno solo acceda a tomar medidas cuando hay violencia en las calles. Y, en cambio, ante la manifestación del mundo rural más multitudinaria de la historia que convocamos el pasado 20 de marzo en Madrid, el Gobierno no mueva un dedo. A este paso, el país que se nos va a quedar va a parecer la separación de castas de La India, donde unos sectores disfrutan de pagas aseguradas por vida y otros, como los agricultores y ganaderos, son parias maltratados por políticas de moqueta y condenados, en última instancia, a la desaparición.
Entre las perlas de estos últimos días, me quedo con unas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alegando que quienes están a favor de bajar los impuestos en esta coyuntura extraordinaria no les importa el Estado de Bienestar. ¿Qué Estado de Bienestar es el que se sustenta sobre los “cadáveres” amontonados de aquellas personas del campo que se ven obligadas a abandonar sus explotaciones y morirse de asco?
Señores políticos, a ver si lo entienden sin que lleguemos a emplear la violencia: no nos molesta pagar impuestos y contribuir al Estado de Bienestar, siempre que a la hora de hacer cuentas el beneficio por la venta de nuestras cosechas nos permita vivir dignamente. La cuestión es si queremos o no un sector agrario capaz de garantizar la soberanía alimentaria para no depender de países terceros, de generar riqueza y de cuidar el territorio y el medio ambiente. ¿Acaso no comprenden que no puede haber sostenibilidad en un negocio a pérdidas? ¿Es este el Estado de Bienestar que desea la ciudadanía, mantenido a costa de triturar a los colectivos económicos más débiles?
Cristóbal Aguado Laza
Presidente de AVA-ASAJA
