El PSOE ha consumado este lunes la expulsión de su exministro José Luis Ábalos como militante del partido, casi dieciséis meses después de que se negara a entregar su acta de diputado y optara por incorporarse al Grupo Mixto. La decisión llega tras meses de inacción por parte de la dirección socialista, pese a las graves sospechas que pesan sobre Ábalos desde el estallido del llamado “caso Koldo” en febrero de 2024.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha aprobado hoy el dictamen del instructor del expediente abierto contra Ábalos, dando por concluido el proceso disciplinario y decretando su expulsión definitiva. Se trata de una medida largamente demorada que se ha producido solo después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hiciera público un informe de 490 páginas la semana pasada, en el que se le atribuyen delitos graves como cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
La caída de un histórico del PSOE valenciano
Natural de Torrent y diputado en el Congreso durante más de una década, Ábalos fue una figura clave del sanchismo: secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021 y ministro de Fomento, y luego de Transportes, durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez. En 2021 abandonó el Ejecutivo, pero mantuvo su escaño. Su nombre reapareció con fuerza a principios de 2024, cuando su estrecho colaborador, Koldo García, fue detenido por formar parte de una trama de comisiones ilegales vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia.
A raíz del escándalo, el PSOE le exigió que entregara su acta de diputado. Ábalos se negó y se marchó al Grupo Mixto, tras lo cual el partido le suspendió cautelarmente de militancia y abrió expediente disciplinario. Sin embargo, el proceso quedó congelado durante más de un año, bajo el argumento de respetar las garantías y esperando el curso judicial de los hechos.
El informe de la UCO precipita la expulsión
La decisión del PSOE de actuar finalmente contra Ábalos ha estado claramente marcada por la publicación, el pasado jueves, del informe de la UCO, que detalla con precisión los indicios recabados durante meses de investigación. El documento implica no solo a Koldo García y a Ábalos, sino también al hasta ahora secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, como figura clave en la presunta trama.
Según la investigación, tanto Ábalos como Cerdán habrían recibido dinero de forma irregular por intermediar en contratos públicos con diversas empresas durante la pandemia. El informe recoge conversaciones, pagos y vínculos empresariales que han provocado una fuerte conmoción interna en el PSOE. De hecho, Santos Cerdán presentó este lunes su dimisión como diputado y comunicó su baja como militante, justo antes de que se confirmara la expulsión de Ábalos.
Críticas por la tardanza
La expulsión de José Luis Ábalos, una figura hasta hace poco central en la estructura del PSOE, ha generado numerosas preguntas sobre por qué no se produjo antes. Desde sectores críticos dentro del propio partido se apunta a que la dirección socialista optó por aplazar cualquier decisión definitiva hasta que las pruebas fueran insostenibles. La propia militancia de base llevaba meses reclamando una respuesta clara ante las informaciones que salían a la luz.
Fuentes internas del PSOE reconocen ahora que la dirección ha actuado movida por el contenido del informe de la Guardia Civil y el daño reputacional que suponía mantener la pasividad. La Ejecutiva ha cerrado filas este lunes para intentar pasar página, en un momento políticamente delicado.
Ábalos evita responder a la prensa
El propio Ábalos fue abordado este lunes por los medios de comunicación a las puertas de su domicilio en Valencia y dentro de su vehículo, pero se limitó a reprochar a los periodistas su presencia: “No tenéis… ni respeto”, les espetó, evitando hacer declaraciones sobre la expulsión.
El exministro, que continúa investigado por el Tribunal Supremo, tiene actualmente medidas cautelares: comparecencias quincenales y retirada de pasaporte. Se enfrenta a penas que podrían sumar más de 20 años de prisión si se confirman los delitos que se le imputan.
