El Pleno aprueba crear una comisión de investigación tras el «Caso Uniformes»

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Los dos puntos del orden del día fueron propuestos por el Partido Popular tras solicitar sus nueve concejales la realización de este pleno extraordinario

PP, Compromís y Ciudadanos aprobaron instar a la Junta de Gobierno a declarar la lesividad en este caso, esto significa que el Ayuntamiento, considera dañino para los intereses públicos o generales, un acto previamente dictado por él mismo. Este punto tuvo el voto en contra del PSOE y de Guanyant. Su aprobación está condicionada a un informe de la Generalitat Valenciana.

Por unanimidad y a propuesta del PP, el Pleno aprobó la creación de una comisión de investigación por el «Caso Uniformes»

El Pleno por el «Caso Uniformes» que fue convocado por el PP al tener más de un 25% de concejales del Ayuntamiento, finalmente se celebró en segunda convocatoria. Tras los meses de denuncias del PP sobre la «ilegalidad» en el proceso de contratación de los uniformes de la Policía Local de Torrent, cambiando el color de los uniformes a un color azul que no está aprobado por el Decreto de la Generalitat que dicta que sea amarillo y adjudicar los uniformes el PSOE a la única empresa que tiene en cartera este color de uniformes. Los populares denunciaban que «huele mal» este proceso, ya que algunas empresas al comprobar que sería ilegal no se presentaron y la que se presentó ofreciendo el amarillo (color legal) tuvo la peor puntuación y la empresa que ofrecía el color azul (no aprobado por la Generalitat) obtuvo la máxima puntuación.

Tras los meses de denuncia desde el PP de Torrent, el sindicato Comisiones Obreras en Valencia emitió un comunicado denunciando estos hechos y esta misma semana un diputado de Compromís en Valencia, también. Tras destaparse este caso, se ha conocido que lo mismo que ha realizado el Ayuntamiento de Torrent, también está ocurriendo en otros municipios gobernados por el PSOE como Paterna o Requena.

El PP de Torrent anunció a principios de semana que a enviado estos hechos a la Fiscalía Anticorrupción para que sea conocedora de todo el proceso, «irregular» según afirmaron y solicitaron la celebración de este pleno.

Desde el PSOE, el alcalde Jesús Ros afirmó que todo lo que él ha firmado siempre ha sido con informes favorables, pero el PP esgrimió que tras su solicitud, el Secretario General redactó un informe en el que afirmaba que el proceso podría ser ilegal. El informe afirma que el procedimiento legal para poder realizar cambios en la uniformidad “no ha sido utilizado por este ayuntamiento” habiéndose basado en un escrito “el cual parece posibilitar el uso del color objeto de debate”. Para continuar diciendo textualmente “las dos piezas objeto de debate no se ajustan al decreto 114/2005, no solamente en la posibilidad de utilizar el color azul celeste, sino también en la descripción de sus características generales”.

La Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat, dirigida por el ex alcalde de La Eliana, también del PSOE, remitió un escrito al alcalde de Torrent, Jesús Ros, el 14 de Marzo donde le dijo textualmente: «En referencia al equipamiento de la uniformidad de la Policía Local de su ayuntamiento, le comunico que la misma debe ajustarse a lo establecido en el Decreto de 114/2005».

Por estas razones aportadas por el PP, se solicitó al Pleno que instara a la Junta de Gobierno presidida por Jesús Ros a que declarara lesivo la aprobación de los pliegos para la contratación de estos uniformes, reconociendo el propio Ayuntamiento que sus actos han sido dañinos. Este punto se aprobó por mayoría con los votos a favor del PP, Compromís y Ciudadanos y el voto en contra del PSOE y Guanyant. La aprobación de este punto está condicionada a un informe de la Generalitat.

En el segundo punto del Pleno, se aprobó por unanimidad la creación de una Comisión de Investigación sobre este caso. Esta Comisión informativa Especial trabajará para esclarecer las circunstancias en que se llevó a cabo el proceso de contratación de la uniformidad de la Policía Local y de la que se depurarán las responsabilidades políticas que deriven.

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