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El Ayuntamiento de Torrent reconoce que ha actuado en contra del Interés Público en el “Caso Uniformes”

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El contrato ha sido anulado tras acabar en la Fiscalía Anticorrupción y abrirse un procedimiento Penal.

El asunto de la Uniformidad Policial ha sido el protagonista de las dos últimas Juntas de Gobierno (Julio y Septiembre) procediéndose a resolver el contrato tras haber sido considerado irregular, ya que no cumplía la normativa, hecho denunciando también pos partidos de la oposición y sindicatos.

En la Junta de Gobierno Local del 29 de Julio se reconoce que algunas prendas de la licitación se contemplan prendas que no están contempladas en el Decreto Autonómico, hecho curioso si se tiene en cuenta que el PSOE siempre defendió la legalidad de las prendas, en contra de lo que defendía el Partido Popular.

La Fiscalía señalaba en su escrito que de la denuncia presentada se apreciaba un presunto delito contra la administración pública con el fin de beneficiar a una empresa, mientras que el sindicato CCOO señaló que en este caso existían intereses empresariales.

En el acta de la Junta de Gobierno se cita textualmente que la situación creada con la uniformidad “va en contra del interés publico que tiene que predominar en este asunto, lo cual hace aconsejable la resolución del contrato”

La segunda parte derivada de la resolución del contrato es la devolución de la uniformidad, ayer mismo los agentes de policía recibían una Nota de Régimen Interior, donde se indicaba que debían devolver la totalidad de la uniformidad entregada a la mayor brevedad posible, ocasionando esto un grave problema ya que hace seis meses que la tienen y muchos de ellos ya le estaban dando uso.

Para el edil popular Nacho Carratalá “este problema es una consecuencia más de la lamentable gestión del gobierno socialista, si nos hubieran hecho caso en la primera advertencia que data de octubre de 2015 no tendrían que verse en esta situación, pero Ros ha puesto su orgullo por encima de los Torrentinos”

Para los populares ahora se abren nuevos interrogantes, “¿Qué coste va a tener esta resolución para el municipio? Y ¿Qué ocurre con las prendas utilizadas?”

La Comisión de Investigación todavía no ha emitido sus conclusiones, a la espera de que se transcriban todas las actas, es entonces cuando los populares anuncian que pedirán responsabilidades por el “lamentable espectáculo y la nefasta gestión de la delegación del área de Seguridad Ciudadana”

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