El Tribunal Supremo ha iniciado este martes el juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, natural de Torrent (Valencia) y mano derecha del presidente del gobierno Pedro Sánchez en el PSOE y en el gobierno de España, en el marco del denominado caso Koldo, una investigación sobre presunta corrupción en la adjudicación de contratos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19.
Ábalos se sienta en el banquillo junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado por los investigadores el intermediario clave de la trama.
Delitos imputados y penas solicitadas
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos de siete delitos, entre ellos:
- Organización criminal
- Cohecho
- Prevaricación
- Malversación
- Tráfico de influencias
- Falsedad documental
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión, mientras que algunas acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años.
Según la acusación, los implicados habrían creado una estructura organizada para beneficiarse económicamente de contratos públicos durante la emergencia sanitaria.
Cómo operaba la trama
La investigación sostiene que la red utilizó su posición en el Ministerio de Transportes para adjudicar contratos de mascarillas —algunos por valor de decenas de millones de euros— a empresas vinculadas al empresario Aldama.
A cambio, los acusados habrían recibido:
- Comisiones económicas en efectivo
- Pagos periódicos
- Beneficios en especie, como alquileres de viviendas
El propio Aldama ha reconocido haber obtenido millones en comisiones y haber repartido parte de esos beneficios, lo que ha sido clave en la acusación al colaborar con la justicia.
Otras irregularidades bajo investigación
El juicio no solo aborda los contratos sanitarios. También se analizan:
- Contrataciones presuntamente irregulares en empresas públicas como Ineco o Tragsatec
- El caso de Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, que habría cobrado más de 43.000 euros sin desempeñar funciones reales
- La posible colocación de otras personas del entorno del exministro en empresas públicas
Además, la Fiscalía atribuye a Ábalos delitos de malversación y cohecho relacionados con estos hechos concretos.
El proceso se celebrará a lo largo de 13 jornadas y contará con la declaración de alrededor de 80-81 testigos, entre ellos cargos públicos y personas del entorno de los acusados.
Entre los testigos figuran responsables políticos que declararán incluso por escrito, como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro Ángel Víctor Torres.
Los acusados declararán previsiblemente al final del juicio, a partir del 28 de abril.
Ábalos y su exasesor Koldo García llegan al juicio en prisión preventiva, medida adoptada por el riesgo de fuga ante las elevadas penas solicitadas.
Por su parte, Víctor de Aldama afronta el proceso en libertad tras haber confesado parcialmente los hechos y colaborado con la investigación, lo que ha reducido su posible condena a unos 7 años de cárcel.
Un juicio clave
Este proceso es el primero de varios derivados del caso Koldo y uno de los mayores escándalos de corrupción recientes vinculados a la gestión de contratos públicos durante la pandemia en España.
La causa analiza si se utilizó una situación de emergencia sanitaria para obtener beneficios ilícitos mediante adjudicaciones dirigidas desde el ámbito gubernamental, lo que convierte este juicio en un caso de especial relevancia política y judicial.
Deja un comentario