Sobre Bankia: ¿quién se hace responsable? ¿son necesarios los partidos políticos?

Bankia ha significado un punto de inflexión en la percepción de la crisis por parte de la ciudadanía. Es como si hubiéramos tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad frente al sistema económico y financiero. Antes de que estallara su agujero que sobrepasa los 23.000 millones, la crisis tenía la misma fuerza que ahora. En cambio, habrá un antes y un después de lo acaecido en Bankia. Se ha introducido un tema que había pasado de soslayo y ahora se ha convertido en el tema estrella de las tertulias y de los artículos en los medios de comunicación: la responsabilidad. ¿Quién se hace responsable de los distintos desaguisados que asolan nuestro país, de Norte a Sur, de Este a Oeste? Y esta es la virtualidad de Bankia, porque no es la primera Caja en caer, ni es el primer caso donde se produce una desviación de dinero público. Echando un vistazo a la prensa de esta semana encontramos los siguientes títulos de artículos de columnas y artículos periodísticos: “Responsabilidades y responsabilidad”, “Hay responsables”, “Hablando de responsabilidades” y “¿Quién se hace responsable?”.

La responsabilidad es una cuestión crucial puesto que el grado de su aplicación y peso en la sociedad mide la calidad o la decadencia del sistema democrático. Y éste tiene que basarse en la Ley. Cuando decimos hasta la saciedad que vivimos en un Estado de Derecho estamos afirmando que todo aquel que vulnere el imperio de la Ley debe responder, esto es, hacerse responsable de sus actos. Esto es lo que nos iguala ante la Ley. Cuando desaparece el Derecho, todo lo que existe es manipulable al antojo y voluntad de las personas. La Ley juega un rol civilizatorio de primer orden.

Pero ¿qué pasa cuando no se cumple la Ley? ¿Qué pasa cuando nadie responde de sus actos? ¿Qué pasa cuando partidos políticos, banqueros, sindicalistas o empresarios evaden todas sus tropelías? La cuestión no está en que no respondan sino en el efecto que se va a producir en la ciudadanía y es que los partidos políticos por primera vez en la historia de nuestra joven democracia, como después mostraré, pueden convertirse en un elemento residual. Si la situación no mejora en un año, y siguen aflorando casos de corrupción como asuntos de prevaricación y malversación de fondos públicos, la desafección y la abstención de los ciudadanos producirán que los partidos se queden sin legitimidad. ¿Se imaginan una participación del 30%? Será un resultado legal, pero no legítimo. ¿Y el 70% restante? Cuando desaparece la responsabilidad y, por tanto, la ética de la democracia las consecuencias son imprevisibles. Hagamos, pues, una radiografía de España para justificar los cambios que se avecinan si no regeneramos en los próximos meses nuestra vida democrática.

Si acudimos a los datos que ofrece la página de Síntesis de Indicadores Económicos del Ministerio de Economía, se lee el siguiente panorama: una caída interanual del 6,9%, un retroceso del consumo de energía eléctrica del 0,9%, un desplome del 17,5% de la industria, un colapso del 41,4% del consumo de cemento, caída del 2,6% del comercio al por menor, la matriculación de turismos cae hasta el 22%, un hundimiento de hasta el 28,6% en el indicador de confianza del consumidor, la financiación del sector privado se retrotrae un 3,6% y los afiliados a la Seguridad Social marca una bajada mensual de en torno al 3,2%. Esta es nuestra realidad.

Pero hay otra que es la que coloca a España en una situación al borde del colapso, no sólo en materia económica, sino política y social. Mientras asistimos a este agujero, sin avistar el suelo, su límite en el que hacer pie y ponernos a transitar hacia el porvenir, “España ha pasado a ser el país europeo con el mayor número de aeropuertos sin tráfico, una generosa dotación de universidades, incapaz ni una sola de figurar entre las 100 primeras del mundo, la mayor cantidad de empresas públicas empeñadas en proyectos inútiles, la más extensa red de televisiones autonómicas  que nadie atiende, numerosos puertos e instalaciones deportivas y empeños seudoculturales, donde se esconde un número de inversiones millonarias, inútiles y de rentabilidad cuestionable” (Javier Doménech, Hablando de responsabilidades, La Gaceta, miércoles 6 de junio).

Sin contar las Cajas de Ahorro dirigidas por políticos y sindicalistas sin preparación alguna que sirvieron de coartada para financiar proyectos ruinosos ante la incomprensible pasividad del Banco de España. Nadie habla de los funcionarios técnicos y de intervención de los diferentes organismos públicos –consellerias, ministerios, ayuntamientos- que avalaron las cuentas con su visto bueno a proyectos totalmente inviables. Y ante todo, ¿quién se hace cargo? ¿Hay responsables? La ausencia de responsabilidades nos acerca a una situación de perversión.

Como decía Voltaire: “El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”. Que existan políticos que no respondan o dimitan de su cargo por ser aforados o diputados es un disparate. Cualquier ciudadano, ante cualquier anomalía, la Administración le exige responder hasta la última coma y no puede acogerse a ningún privilegio o excepción legal. Esta es una de las razones del cansancio y de la decadencia de nuestra clase política. En España son los mismos de siempre los que sí deben responder: quemarropa. Y son los mismos de siempre los que nunca responden o, al menos, cuentan con unos privilegios con los que la mayoría no contamos. Vayan a las prisiones y verán cómo hay multitud de casos que producen vergüenza y que obligan a una pregunta: ¿cómo es posible que estén aquí por este delito y otros defraudando miles de millones de euros ni la chafen? La brecha que aquí se puede abrir entre clase política y ciudadanía es enorme, incontrolable. Y la Ley es clara al respecto. El artículo 1.101 del Código Civil señala: “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el incumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas”  Esto debemos encauzarlo, puesto que la exigencia de responsabilidades es básica en cualquier organización que aspire a regirse por la igualdad y la justicia.

Una vez hemos realizado la radiografía al enfermo, ¿qué medicina aplicar? Evidentemente, no tengo la solución. Pero lo que sí sé es que contamos con muy pocas alternativas derivadas de nuestra realidad política. Pensemos, por un momento, que dentro de un año la situación del país empeora. ¿Podrá el Gobierno del PP mantenerse en el poder? Creo que no. Sin embargo, si el PP deja el Gobierno, ¿con qué alternativas contamos? ¿Con el PSOE? La desconfianza que ha generado este partido es tal que va a necesitar años para constituirse en una alternativa seria y real. Además, internamente no disponen de un líder con un proyecto convincente y viable para el país. La alternativa Chacón estará presente, pero con el apoyo de la mitad del partido, y la otra mitad en contra. Se necesitan líderes con peso, con una visión no sólo de Estado sino del mundo, capaz de entender a y afrontar los retos que cada día va marcando la globalización como la fuerza imparable de los países emergentes que ya nos están superando.

¿Será la alternativa un bloque de izquierdas? Parece que no. Hoy se requiere estabilidad, proyectos sólidos y atrevidos. Si no hay alternativa, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasará, repito, si dentro de un año estamos peor? ¿Cómo responderá la ciudadanía? Este periplo de doce meses va a constituir el periplo más importante para los partidos de toda su historia. Jordi Sevilla y Josep Piqué, acaban de firmar un artículo en El País, Juntos mejor, que puede ser la única alternativa que le quede a la clase política: “Es hora de que la sociedad civil reclame unos Pactos de Estado a los políticos, elaborando un plan estratégico de país”. Si PP y PSOE  no llegan a un tipo de acuerdo la situación será insostenible. Son los únicos que pueden llegar a este tipo de acuerdos. Si no es así, nos acercaríamos a la tesis que sostiene Mosei Ostrogorski en su libro Los partidos políticos: por su alejamiento e incompetencia para hacer frente a la realidad pueden pasar a ser una antigualla más de la historia. Muchos nos quedaríamos sin trabajo pero, al menos, se constataría quién tiene algo que ofrecer, quién tiene futuro sin la oferta y posibilidades que ofrecen las estructura de los partidos políticos acabando, de una vez, con los profesionales de la política. Quede dicho.

José Miguel Martínez Castelló, licenciado en filosofía