La Generalitat invierte 5,8 millones en la recuperación de taludes dependiente l’Horteta pese a ser competencia de la CHJ dependiente del Gobierno de España
La recuperación de los barrancos dañados por la DANA del 29 de octubre de 2024 vuelve a evidenciar las diferencias entre administraciones. Mientras la Generalitat Valenciana, gobernada por el Partido Popular, ha movilizado 5,8 millones de euros para actuar en el barranco de l’Horteta a su paso por Torrent, pese a ser competencia de la CHJ, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, sigue sin concretar qué actuaciones reales ha ejecutado en algunos de los puntos más sensibles del barranco del Poyo y de l’Horteta o el barranco del Sauri en el Mas del Jutge.
El contraste resulta especialmente llamativo porque el mantenimiento y actuación en cauces y barrancos corresponde precisamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Sin embargo, ha sido la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, dirigida por Miguel Barrachina, la que ha asumido una importante inversión para reforzar taludes y mejorar la seguridad hidráulica en zonas urbanas de Torrent.
La actuación autonómica con un gobierno del PP en l’Horteta contempla la reconstrucción y estabilización de tres puntos críticos del barranco afectados gravemente por la riada. Las obras incluyen grandes escolleras, reperfilado del terreno y refuerzos estructurales en zonas próximas a viviendas y áreas industriales, con el objetivo de evitar nuevos desprendimientos y mejorar la protección frente a futuras avenidas.
Entre las actuaciones destaca la reconstrucción del talud de la calle San Luis Bertrán, en la Colonia Bonestar, donde la fuerza del agua llegó a afectar a la calzada y a viviendas cercanas. También se interviene entre Pont Blau y la calle Santa Teresita, en Los Caracoles, y en la confluencia del barranco de l’Horteta con el barranco de Guindilla, junto al polígono Mas del Jutge.
Todo ello suma una inversión cercana a los 5,8 millones de euros únicamente en Torrent, dentro de un plan autonómico de recuperación hidráulica de 29 millones para municipios afectados por la DANA.
Mientras tanto, la CHJ anunció hace unas semanas una actuación de emergencia de 3,8 millones de euros en el barranco del Poyo, especialmente en la zona del polígono Mas del Jutge. Según informó el organismo estatal, las obras incluyen trabajos de bulonado y gunitado de taludes para estabilizar el terreno tras los daños provocados por la riada.
No obstante, sigue existiendo incertidumbre sobre algunas de las actuaciones anunciadas por la Confederación, especialmente en la zona de la cantera antigua en l’Horteta. Aunque la CHJ comunicó que había intervenido en ese entorno para convertirla en embalse, como viene reclamando la alcaldesa Amparo Folgado, todavía no se ha detallado públicamente qué trabajos concretos se han realizado ni cuál ha sido su alcance real.
La falta de información y transparencia sobre estas actuaciones contrasta con la visibilidad y seguimiento que sí han tenido las obras impulsadas por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Torrent. De hecho, las administraciones autonómica y local han visitado públicamente las zonas afectadas y explicado las medidas adoptadas para reforzar la seguridad hidráulica.
Además, desde distintos sectores se cuestiona que sea la Generalitat quien esté asumiendo inversiones millonarias en infraestructuras hidráulicas cuya competencia corresponde al Estado. La situación ha reabierto el debate sobre la implicación del Gobierno de Pedro Sánchez en la recuperación de los municipios afectados por la DANA y sobre el papel de la CHJ en la prevención y mantenimiento de los cauces.
Mientras los vecinos siguen reclamando soluciones definitivas y actuaciones preventivas reales, Torrent continúa viendo cómo es la administración autonómica la que está ejecutando las obras más visibles y cuantiosas en sus barrancos urbanos pese a no ser de su competencia, ante una Confederación Hidrográfica del Júcar que, a día de hoy, todavía no ha explicado con claridad qué ha hecho exactamente en algunos de los puntos más delicados del barranco del Poyo o de l’Horteta.
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