Solicitan información al Ayuntamiento de Torrent que supone un coste de más de 30.000 euros para las arcas municipales

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La oposición ha solicitado 3.337 expedientes que se traducen en más de 100.000 folios, sus consecuentes fotocopias y trabajo extra de los funcionarios poseen  un coste por valor de 30.000 euros
 
“No se puede crear un Ayuntamiento paralelo, colapsar el trabajo de los funcionarios que deben estar al servicio del ciudadano con una actitud abusiva’’, ha manifestado la alcaldesa de Torrent

El consistorio adapta el decreto de solicitud de documentos de 2007 con el objetivo de hacer compatible el derecho a la información de los partidos de la oposición con el buen funcionamiento de la administración

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha convocado una rueda de prensa a los medios de comunicación en la que ha trasladado su preocupación por el colapso que está sufriendo la administración debido al sistema de solicitud de información por parte de los grupos políticos de la oposición. Acompañada por el concejal de Gestión Presupuestaria, Jorge Planells, y el concejal de Economía y Hacienda, Juan García, ha manifestado en rueda de prensa su decisión de regular el Decreto de solicitud de documentos con el objetivo de compatibilizar el derecho a la información de la oposición y el buen funcionamiento de la administración.

Atendiendo a las necesidades de información solicitada por el grupo municipal socialista, Folgado ha recopilado un total de 469 cajas correspondientes a los 1.337 expedientes que se han solicitado entre el mes de septiembre y octubre.

La recopilación de esta información se traduce en más de 100.000 páginas, cuyas fotocopias supondrían un coste para el consistorio de 10.000 euros. El trabajo empleado por los funcionarios del consistorio se traduce en  2.674 horas a 8 euros/hora, con un coste para las arcas municipales de 21.392 euros.

Recordando que Torrent es uno de los municipios más transparentes de España y de la Comunitat Valenciana con una puntuación del 8,2 , Folgado ha señalado que “no se puede crear un Ayuntamiento paralelo y colapsar a los funcionarios que trabajan para los ciudadanos de Torrent, es un acto abusivo traducido en un coste muy elevado para las arcas municipales”. La edil ha recordado el esfuerzo económico que se está haciendo desde el consistorio con el fin de recortar gastos y aumentar las partidas destinadas a empleo y Bienestar Social.

Entre la documentación solicitada consta información con datos personales de vecinos de Torrent cuya difusión o reproducción podría violar la Ley de Protección de Datos, como por ejemplo la Memoria de intervenciones de la Policía Local de Torrent desde 2008 a 2011 (327 cajas de documentación), licencias de actividad de todos los comercios abiertos en Torrent (30 cajas con datos personales, nombres de propietarios) o todos los contratos menores negociados desde 2007 a 2012 (75 cajas de documentación).

Por otro lado, la oposición ha solicitado 451 instancias de la Confederación Hidrográfica del Júcar desde 2003 a 2012-11-09, así como la copia de todos los presupuestos y liquidaciones desde 2006 a 2011 (37 cajas de documentación), siendo todos los presupuestos llevados a pleno, estando en posesión de todos los grupos políticos municipales en varios soportes de información, lo que supondría una duplicidad de información. “No se puede solicitar documentos de forma indiscriminada, además, los presupuestos de cada año deben de estar en posesión de todos los grupos políticos’’, ha señalado Folgado.

El consistorio se ha visto obligado a adaptar un decreto de solicitud de información y documentación de 2007 con el objetivo de hacer compatible el derecho a la información de los partidos de la oposición con el buen funcionamiento de la administración, evitando su colapso. De esta forma, la información será solicitada al concejal responsable del área correspondiente a la información solicitada y se dará un plazo de contestación de 5 días, pasados esos días sin contestación se podrá acceder a la información ya que se entiende que la respuesta ha sido positiva. Los grupos de la oposición podrán solicitar información concreta que podrán supervisar personalmente en horario de oficina, pero se restringirá la copia indiscriminada de documentación, especialmente cuando pueda afectar a derechos y libertades constitucionales y confidencialidad de la información. Por último, no se podrá solicitar información de forma abusiva que suponga una lacra para el buen funcionamiento del Ayuntamiento y un coste tan elevado para las arcas municipales.

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