La Fiscalía Europea ha puesto en marcha una investigación por un posible fraude relacionado con fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para el control de agresores en casos de violencia de género. La investigación ha llevado este jueves a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, donde están reclamando documentación sobre la contratación y gestión de estos dispositivos.
La actuación está dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid y cuenta con el apoyo de la UCO. Según ha confirmado el propio organismo comunitario en un comunicado difundido desde Luxemburgo, la investigación se inició el pasado año y busca esclarecer un posible fraude que afectaría a fondos europeos destinados a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, órdenes de alejamiento y condenas judiciales por delitos de violencia de género.
La Fiscalía Europea no ha facilitado por el momento información sobre las personas que podrían estar siendo investigadas, el importe concreto de los fondos afectados ni las posibles responsabilidades derivadas de las diligencias.
Contratos por valor de 102,6 millones de euros
La investigación adquiere especial relevancia después de que el Tribunal de Cuentas publicara el pasado mes de septiembre un informe de fiscalización en el que advertía de graves deficiencias en la contratación y funcionamiento del sistema de seguimiento telemático dependiente del Ministerio de Igualdad.
El organismo fiscalizador examinó los contratos correspondientes a los años 2018, 2021 y 2023, cuyo importe conjunto ascendía a 102,6 millones de euros. De esa cantidad, 42,6 millones correspondían al contrato de 2023, financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El informe detectó problemas de fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de agresores a las víctimas, baterías con escasa autonomía y retrasos en las reparaciones.
También puso de manifiesto que los problemas de acceso a la información histórica tras el cambio de adjudicataria llegaron a impedir la respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. Esta situación se prolongó hasta octubre de 2024.
El Tribunal de Cuentas concluyó que las deficiencias habían comprometido la efectividad del servicio durante parte del periodo fiscalizado y reclamó que en este tipo de contratos primara la calidad y la seguridad de las víctimas por encima del ahorro de costes.
Bruselas también había puesto el foco en las pulseras
La cuestión ya había llegado a las instituciones europeas. En noviembre de 2025, la Comisión Europea anunció que examinaría los fallos detectados en los dispositivos, al estar vinculada su adquisición al cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de Recuperación español.
En concreto, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que la adquisición de estos dispositivos figuraba como el hito 472 del plan y que su cumplimiento sería evaluado cuando España presentara su octava solicitud de pago.
Además, el pasado mes de marzo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas dos peticiones ciudadanas relacionadas con los fallos de las pulseras, presentadas por la Confederación Española de Policía y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica.
Ana Redondo asegura que los fondos se utilizaron correctamente
Tras conocerse la investigación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que su departamento ofrecerá «transparencia absoluta» y toda la información que requieran las autoridades.
Redondo ha defendido que el dinero se ha empleado «correctamente» y ha señalado que su Ministerio lleva meses colaborando con las actuaciones de fiscalización. La ministra también ha manifestado que le interesa que se examine cada euro invertido.
Por su parte, el Partido Popular ha anunciado que, después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, auditará «hasta el último euro» del dinero gestionado por el Gobierno. Fuentes de la formación han criticado que la investigación europea afecte a fondos destinados a un sistema esencial para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
También se ha pronunciado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha reclamado que se investigue «hasta el final» y ha valorado que exista una autoridad supranacional que examine los hechos.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la Unión Europea encargado de investigar, ejercer la acción penal y llevar ante los tribunales los delitos que afectan a los intereses financieros comunitarios. La investigación continúa abierta y, por el momento, no existe una resolución judicial que determine la comisión de un delito o la responsabilidad de personas concretas.
La UCO reclama documentación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas. Los contratos fiscalizados ascienden a 102,6 millones de euros y el organismo fiscalizador ya había advertido de errores de geolocalización, interrupciones del servicio y graves deficiencias.
La Fiscalía Europea ha puesto en marcha una investigación por un posible fraude relacionado con fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para el control de agresores en casos de violencia de género. La investigación ha llevado este jueves a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, donde están reclamando documentación sobre la contratación y gestión de estos dispositivos.
La actuación está dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid y cuenta con el apoyo de la UCO. Según ha confirmado el propio organismo comunitario en un comunicado difundido desde Luxemburgo, la investigación se inició el pasado año y busca esclarecer un posible fraude que afectaría a fondos europeos destinados a garantizar el cumplimiento de medidas cautelares, órdenes de alejamiento y condenas judiciales por delitos de violencia de género.
La Fiscalía Europea no ha facilitado por el momento información sobre las personas que podrían estar siendo investigadas, el importe concreto de los fondos afectados ni las posibles responsabilidades derivadas de las diligencias.
Contratos por valor de 102,6 millones de euros
La investigación adquiere especial relevancia después de que el Tribunal de Cuentas publicara el pasado mes de septiembre un informe de fiscalización en el que advertía de graves deficiencias en la contratación y funcionamiento del sistema de seguimiento telemático dependiente del Ministerio de Igualdad.
El organismo fiscalizador examinó los contratos correspondientes a los años 2018, 2021 y 2023, cuyo importe conjunto ascendía a 102,6 millones de euros. De esa cantidad, 42,6 millones correspondían al contrato de 2023, financiado parcialmente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El informe detectó problemas de fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de agresores a las víctimas, baterías con escasa autonomía y retrasos en las reparaciones.
También puso de manifiesto que los problemas de acceso a la información histórica tras el cambio de adjudicataria llegaron a impedir la respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. Esta situación se prolongó hasta octubre de 2024.
El Tribunal de Cuentas concluyó que las deficiencias habían comprometido la efectividad del servicio durante parte del periodo fiscalizado y reclamó que en este tipo de contratos primara la calidad y la seguridad de las víctimas por encima del ahorro de costes.
Bruselas también había puesto el foco en las pulseras
La cuestión ya había llegado a las instituciones europeas. En noviembre de 2025, la Comisión Europea anunció que examinaría los fallos detectados en los dispositivos, al estar vinculada su adquisición al cumplimiento de uno de los objetivos del Plan de Recuperación español.
En concreto, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó que la adquisición de estos dispositivos figuraba como el hito 472 del plan y que su cumplimiento sería evaluado cuando España presentara su octava solicitud de pago.
Además, el pasado mes de marzo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas dos peticiones ciudadanas relacionadas con los fallos de las pulseras, presentadas por la Confederación Española de Policía y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica.
Ana Redondo asegura que los fondos se utilizaron correctamente
Tras conocerse la investigación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que su departamento ofrecerá «transparencia absoluta» y toda la información que requieran las autoridades.
Redondo ha defendido que el dinero se ha empleado «correctamente» y ha señalado que su Ministerio lleva meses colaborando con las actuaciones de fiscalización. La ministra también ha manifestado que le interesa que se examine cada euro invertido.
Por su parte, el Partido Popular ha anunciado que, después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, auditará «hasta el último euro» del dinero gestionado por el Gobierno. Fuentes de la formación han criticado que la investigación europea afecte a fondos destinados a un sistema esencial para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
También se ha pronunciado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha reclamado que se investigue «hasta el final» y ha valorado que exista una autoridad supranacional que examine los hechos.
La Fiscalía Europea es un organismo independiente de la Unión Europea encargado de investigar, ejercer la acción penal y llevar ante los tribunales los delitos que afectan a los intereses financieros comunitarios. La investigación continúa abierta y, por el momento, no existe una resolución judicial que determine la comisión de un delito o la responsabilidad de personas concretas.
