La ciudad suma 1.491 electores inscritos en el CERA, el 2 % del censo total, tras incorporar 319 personas desde octubre de 2022 con la Ley de Nietos de Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo ha alertado de un riesgo para la transparencia electoral por «peligro fundado, real y serio»
El escándalo de Argentina en el que el PSOE buscaba pasaportes hasta de fallecidos, reaviva las acusaciones de manipulación del voto exterior
La llamada ley de nietos impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en el centro de la polémica. La ampliación del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), vinculada a la Ley de Memoria Democrática, ha provocado críticas de partidos de la oposición y organizaciones que cuestionan el procedimiento de nacionalización y asignación de nuevos electores a los municipios españoles.
En Torrent, los datos publicados por El Debate reflejan un incremento del 27 % del CERA desde octubre de 2022, con 319 personas más inscritas. La ciudad alcanza así los 1.491 electores residentes en el extranjero, equivalentes al 2 % del censo total.
Una evolución que, en plena controversia sobre el futuro electoral de España, plantea interrogantes sobre los mecanismos de inscripción, la asignación territorial de los nuevos electores y las garantías de transparencia que deben regir cualquier proceso electoral.
«Fabricar votantes»
Los críticos de la ley de nietos sostienen que el Gobierno socialista ha impulsado una ampliación del censo exterior que puede alterar los equilibrios electorales de cara a las próximas elecciones. Desde sectores de la oposición y organizaciones recurrentes se ha denunciado lo que califican como «ingeniería electoral», acusando al Ejecutivo de promover una incorporación masiva de nuevos votantes sin suficientes controles sobre su vinculación territorial.
Estas acusaciones han dado lugar a un debate político especialmente intenso: mientras los críticos hablan de una posible «fabricación de votantes» para beneficiar al PSOE, el Gobierno rechaza que exista un riesgo electoral y defiende que los nuevos ciudadanos tienen derecho a ejercer el sufragio.
El Supremo interviene ante el riesgo para la transparencia electoral
El Tribunal Supremo ha adoptado medidas cautelares relacionadas con los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA vinculadas a la ley de nietos. Según la información difundida sobre sus resoluciones, el alto tribunal considera que existe un «peligro fundado, real y serio» de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral.
La intervención judicial se produce después de recursos que cuestionan la interpretación de la normativa por parte del Ministerio de Justicia. El litigio gira en torno a la aplicación de las condiciones exigidas para acreditar la condición de exiliado y a las consecuencias de las nuevas inscripciones en el censo electoral. 
La decisión del Supremo no supone, según las informaciones jurídicas publicadas, la anulación de la nacionalidad española de los beneficiarios. La controversia se centra en los efectos electorales de las inscripciones y en las garantías del procedimiento. 
Tres Cantos: un municipio creado en 1991 en el centro de la controversia
Uno de los casos que más preguntas ha suscitado es el de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, un municipio constituido como independiente en 1991.
El alcalde de la localidad, Jesús Moreno, ha solicitado a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística una auditoría y revisión de los expedientes del CERA asignados al municipio desde 2022. La petición se produce tras un incremento de más de 200 personas en el censo exterior de Tres Cantos, según la información publicada por la Cadena SER. 
La cuestión que plantean los críticos es cómo se asignan las inscripciones a municipios que no existían como entidades independientes durante el periodo histórico al que se refiere la legislación sobre el exilio.
¿Qué relación territorial se acredita en estos casos y qué criterios se utilizan para determinar el municipio de inscripción? Es una pregunta que las administraciones competentes deben responder con información verificable.
El alcalde de Tres Cantos ha reclamado precisamente una revisión de oficio de los expedientes y mayor claridad sobre los criterios aplicados. La petición no implica, por sí misma, que se haya demostrado que las inscripciones sean fraudulentas. 
El PSOE defiende la ley mientras la oposición reclama controles
El enfrentamiento político ha aumentado tras la decisión del Tribunal Supremo. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha criticado la suspensión cautelar y ha defendido el derecho al voto de las personas nacionalizadas mediante la ley de nietos. 
Por su parte, las organizaciones y formaciones que han promovido los recursos judiciales sostienen que la aplicación de la normativa requiere un control más estricto y que la interpretación de la instrucción del Ministerio de Justicia puede haber ampliado el alcance de la ley. 
El Gobierno rechaza que el crecimiento del censo implique un riesgo electoral relevante y ha recurrido las medidas cautelares del Supremo. La Abogacía del Estado considera que la suspensión puede afectar al derecho fundamental de sufragio de cientos de miles de personas. 
Un debate que exige explicaciones sobre el censo electoral
La ley de nietos se diseñó como una vía de acceso a la nacionalidad española para determinados descendientes de españoles, especialmente en relación con el exilio derivado de la Guerra Civil y la dictadura. Su aplicación ha generado un debate jurídico sobre el alcance de la instrucción administrativa y sobre los mecanismos de control de la documentación presentada. 
La controversia sobre el CERA no puede reducirse únicamente a la cifra de nuevos electores. También requiere examinar cómo se tramitan los expedientes, cómo se determina la adscripción municipal y qué controles se aplican para garantizar la legalidad de cada inscripción.
El escándalo de Argentina reaviva las acusaciones de manipulación del voto exterior
La polémica sobre la ley de nietos y el crecimiento del CERA coincide con la difusión de un audio que ha provocado nuevas críticas contra el PSOE por su actuación en Argentina durante las elecciones generales de 2023.
Según ha publicado OKDIARIO el 22 y el 23 de septiembre, una grabación atribuida a Lorena Suárez, entonces secretaria general del PSOE en Argentina, recoge una conversación en la que se habla de organizar un «circuito de compañeros» para «buscar votos» y de conseguir fotocopias de pasaportes españoles, incluso de familiares fallecidos. La información señala que el audio fue puesto en conocimiento de militantes socialistas y del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires. 
La difusión de esta grabación ha generado acusaciones políticas de una enorme gravedad. El Partido Popular ha reclamado explicaciones, mientras que distintos medios han relacionado el contenido del audio con el debate sobre las garantías del voto exterior y la eliminación del voto rogado.
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la grabación de «escándalo» y vinculó las acusaciones con la controversia sobre las nuevas inscripciones del CERA derivadas de la Ley de Memoria Democrática. 
De la captación de votos a la ampliación del censo: una polémica que exige respuestas
El episodio de Argentina no demuestra por sí solo que las nuevas nacionalizaciones de la ley de nietos se hayan producido de forma irregular. Sin embargo, para los críticos del Gobierno, la coincidencia entre el crecimiento del censo exterior, las denuncias sobre las prácticas de captación de votos y la decisión cautelar del Tribunal Supremo refuerza la necesidad de exigir explicaciones y controles.
En Torrent, el CERA ha aumentado un 27 % desde octubre de 2022 y alcanza los 1.491 electores, según los datos de El Debate que se han incorporado a esta información. La cuestión política que plantean los detractores de la estrategia de Sánchez es si el Ejecutivo está garantizando mecanismos suficientemente transparentes para la formación del censo y el ejercicio del voto exterior.
El debate, por tanto, no se limita a cuántas personas adquieren la nacionalidad española, sino también a cómo se garantiza que cada inscripción electoral responde a la normativa y que ningún procedimiento puede utilizarse para alterar la voluntad de los ciudadanos.
