La investigación judicial sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 sigue avanzando y, según adelantó el diario Levante-EMV, la jueza de Catarroja que instruye la causa ha reiterado que no existe “indicio alguno” de responsabilidad penal por parte de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por las inundaciones.
En un auto reciente, la magistrada insiste en que los responsables municipales “proporcionaron información a Emergencias y solicitaban ayuda”, rechazando así las tesis que pretendían atribuir responsabilidades a los ayuntamientos por la gestión de aquella jornada trágica, como es el caso del PSOE de Torrent que cada semana, desde su periódico A la Torrentina, intenta cambiar la realidad lanzando bulos contra la alcaldesa de Torrent, sin éxito.
La jueza recuerda además la “diferencia radical” existente entre las competencias de la administración local y las de la administración autonómica en materia de protección civil y alertas a la población. Según señala, era la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias y del Plan Especial de Inundaciones, quien disponía de los medios, recursos e información necesarios para coordinar la emergencia y adoptar medidas de autoprotección para la ciudadanía.
En el caso de Torrent, la declaración de la alcaldesa, Amparo Folgado, ha puesto de manifiesto que el Ayuntamiento actuó desde las primeras horas de la tarde ante la gravedad de la situación. Folgado trasladó a Emergencias y a distintos responsables institucionales la información de la que disponía sobre el desbordamiento del barranco de l’Horteta y la evolución de la emergencia en el municipio.
La alcaldesa explicó ante la jueza que alertó de lo que estaba ocurriendo en Torrent y solicitó ayuda mientras la situación se agravaba, además de adoptar medidas municipales para proteger a la población. Su testimonio se suma al de otros alcaldes de localidades afectadas que han defendido haber informado constantemente a los organismos competentes y reclamado asistencia durante el episodio de lluvias torrenciales.
La resolución judicial vuelve a centrar el foco en la gestión de la emergencia a niveles superiores y descarta, por el momento, cualquier reproche penal hacia los alcaldes de los municipios afectados, al entender que estos trasladaron información a los servicios de Emergencias y reclamaron apoyo para hacer frente a una situación que desbordó a numerosas poblaciones de la provincia de Valencia.
Por otro lado, la declaración de Amparo Folgado ante la instructora confirmó que durante toda la jornada avisó a los ciudadanos, suspendió las clases y por la tarde del 29 de octubre informó sobre el desbordamiento del barranco de l’Horteta y comunicó la gravedad de la situación tanto al entonces secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, actualmente investigado en la causa.
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