La posible implantación de la jornada semanal de 35 horas ha vuelto a situar la gestión laboral en el centro del debate empresarial. El Gobierno ya ha iniciado los trámites para aplicar esta medida a los empleados públicos de la Administración General del Estado, con la previsión de que pueda entrar en vigor a partir del mes de marzo.
Aunque, por ahora, la reducción de jornada afectaría únicamente al sector público, el anuncio ha generado inquietud en empresas y despachos profesionales. No tanto por su impacto inmediato, sino porque este tipo de reformas suele venir acompañado de un aumento de la carga administrativa y de una mayor complejidad en la gestión laboral, especialmente en entornos con recursos limitados y estructuras poco digitalizadas.
Cada cambio en la normativa afecta al ámbito empresarial en forma de ajustes organizativos o adaptaciones de convenios. Esto incrementa la presión sobre los despachos profesionales, por lo que muchos recurren a soluciones tecnológicas para asegurarse de cumplir con todas las normativas.
Un problema que viene de lejos
A este frente se suma una realidad que muchas empresas españolas arrastran desde hace años. Cada vez son más las pymes y asesorías que comparten la misma sensación: la gestión laboral consume mucho más tiempo que antes. No se trata solo de una percepción, sino de una carga creciente que acaba consumiendo semanas enteras de trabajo a lo largo del año, con un impacto directo en la planificación interna y en los plazos de entrega a clientes.
Según las Encuestas Empresariales del Banco Mundial, las empresas españolas destinan alrededor del 10,5 % de su tiempo a tareas burocráticas y administrativas. En términos prácticos, esto supone más de 200 horas al año dedicadas exclusivamente a la gestión laboral.
Estas horas se reparten en tareas repetitivas, como la actualización de datos de empleados, la revisión de nóminas y la preparación de documentación. Cualquier error puede derivar en sanciones o inspecciones, lo que obliga a extremar la atención y multiplica la carga de trabajo.
El impacto del SMI y el control horario
Uno de los factores que explican este aumento de tiempo ha sido la evolución del Salario Mínimo Interprofesional. Desde 2018, el SMI ha aumentado más de un 60 %, situándose en 2025 en 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Cada actualización obliga a revisar cálculos y ajustar conceptos salariales para comprobar que todo se aplique correctamente, incluyendo complementos, prorrateos y cotizaciones asociadas.
A este escenario se suma el endurecimiento del control laboral, con la obligación de registrar diariamente la jornada en todas las empresas. Esto ha obligado a implantar sistemas de control que gestionen los datos y garanticen que la información esté disponible ante cualquier inspección.
La tecnología como respuesta a la sobrecarga administrativa
Por ello, cada vez más despachos profesionales y asesorías apuestan por programas de gestión laboral y administrativa que permiten centralizar la información y automatizar tareas repetitivas. Entre este tipo de soluciones destaca Sage Despachos, una herramienta que, apoyada por un partner especializado como Aelis, facilita el cumplimiento normativo y contribuye a reducir la carga de trabajo del equipo.
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