AVA-ASAJA valora las ayudas directas de 17 millones del Consell para los cultivos de secano y la ganadería por la sequía
El gobierno valenciano atiende la reivindicación de AVA-ASAJA que beneficiará a 30.000 agricultores y ganaderos con un importe medio de unos 4.000 euros
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) valora de manera muy positiva el plan extraordinario de ayudas directas del gobierno valenciano que destinará 17 millones de euros para paliar los efectos de la sequía en todos los cultivos de secano y la ganadería. Así se lo ha trasladado hoy el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, durante una visita a una explotación de olivar en Viver.
Aguado agradece esta iniciativa “necesaria y reivindicada durante los últimos meses” que asume la administración autonómica para “solidarizarse con el sector agrario”, a la vez que “lamenta que nuestras demandas no sean atendidas por el Gobierno de España, el cual ni convoca la mesa de la sequía en España ni se moja en ir a Bruselas a pedir ayudas extraordinarias”.
Gracias a esta medida excepcional se beneficiarán 30.000 agricultores y ganaderos, que producen en una superficie de 175.000 hectáreas de olivar, uva de secano, almendras, cereales, granada, cereza y algarrobo, lo que supone unos 4.000 euros de ayuda media por ganadero y 4.500 euros de media por agricultor de secano.
Este decreto, que prevé aprobarse en el próximo Pleno del Consell, se suma al suministro de 12 millones de litros de agua para los ganaderos, otra reivindicación de AVA-ASAJA, que ha repartido durante este verano el gobierno valenciano para así poder hacer frente a los costes excesivos de abastecer de agua a los animales y evitar el sacrificio de un centenar de vacas a la semana.
Desde AVA-ASAJA demandan al gobierno central y a la Unión Europea que complementen las ayudas de la Generalitat Valenciana con más medidas para paliar los efectos devastadores de la sequía, como la puesta en marcha de pozos de emergencia y conducciones a los campos, así como ayudas directas y medidas fiscales. La organización agraria apuesta por un Pacto de Estado del Agua que evite la criminalización de los regadíos y la demolición de presas, que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, reutilice aguas depuradas que se pierden en el mar mediante el uso de rebombeos con energía fotovoltaica, y redimensione los caudales ecológicos.
