El aparcamiento fue licitado por el PSOE a 50 años a la única empresa que se presentó al concurso
Torrent recuperará el aparcamiento subterráneo en la Avenida Juan Carlos I para que pueda ser utilizado por los vecinos y vecinas de la ciudad. Este aparcamiento se encuentra cerrado al abandonarlo la empresa que se lo adjudicó. Tanto la empresa como el ayuntamiento intentaron poner fin al contrato. El Ayuntamiento de Torrent acudió al Consejo Jurídico Consultivo que le dio la razón para resolver el contrato con la mercantil adjudicataria. Una sentencia en primera instancia ha dado la razón a la adjudicataria alegando «inviabilidad económica» para abandonar la gestión del aparcamiento. El Ayuntamiento presentará un recurso de apelación y continuará con el proceso de resolución del contrato porque el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo sí que es firme.
Los técnicos municipales ya están estudiando la fórmula para gestionar las instalaciones directamente por el consistorio o, en su defecto, sacarlas de nuevo a licitación, según indica el concejal Jorge Planells, «para poder dar servicio y reabrirlas lo más pronto posible».
Concurso licitado por el PSOE a 50 años
El contrato fue licitado por el Ayuntamiento gobernado por el PSOE en el año 2005 y solo se presentó una empresa adjudicataria. El contrato era a 50 años e incluía el cierre de los aparcamientos en solares en superficie como así ocurrió tras su construcción.
Las obras comenzaron ya en 2007 con el gobierno del Partido Popular que tuvo que asumir cambios para adaptar el proyecto al nuevo Código Técnico de la Edificación. Al finalizar las obras, la empresa solicitó aumentar los precios porque se había incrementado los costes de edificación, por lo que se paralizó la obra 6 meses. La subida de precios se aprobó pero por una cantidad menor a la exigida por la empresa.
El aparcamiento abrió en el año 2011 pero debido a la crisis las previsiones de la empresa no se cumplieron y tras negociar con la administración, cerró sus puertas.
El Ayuntamiento creó una comisión de seguimiento y control «para asegurar el servicio y conseguir una mayor explotación», tal y como apuntan las mismas fuentes, pero tras la renuncia de la empresa, interpuso un contencioso para liquidar el contrato.
