El PP exige al Gobierno medidas para impedir que la ocupación ilegal pueda dar lugar al empadronamiento
Exige que la inscripción en el padrón de un ocupante ilegal se considere nula, no constituya prueba de su residencia o domicilio, ni les atribuya ningún derecho
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición no de Ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a establecer las disposiciones legales oportunas, a fin de establecer normas de empadronamiento que contribuyan a evitar la ocupación ilegal.
En este sentido, los populares reclaman que se legisle para que un inmueble ocupado ilegalmente no pueda tener la consideración de morada o domicilio, de manera que los ocupantes ilegales no gocen de la misma protección que quien compra una vivienda o vive en un piso pagando su alquiler.
Asimismo, la iniciativa pide que la ocupación de inmuebles no pueda dar lugar a la inscripción de ocupantes en el padrón municipal, así como que la inscripción en el padrón de un ocupante ilegal se considere nula, no constituya prueba de su residencia o domicilio, ni les atribuya ningún derecho.
Finalmente, la PNL establece que los ayuntamientos darán de baja de oficio, o a instancia del propietario o poseedor legal legítimo, las inscripciones de las que se
tengan conocimiento.
La iniciativa, firmada por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, el portavoz adjunto, Carlos Rojas, el vicesecretario del PP, Antonio González Terol, y la portavoz de Vivienda, Ana Zurita, recuerda que desde 2015, el número de ocupaciones ilegales conocidas ha ido en aumento”, alcanzando la cifra de 12.214 en el año 2018.
A esto hay que sumar la resolución publicada por el Gobierno el pasado 2 de mayo, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, y que en su artículo 3.3 indica que “la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda”.
Esto permite, en la práctica, que los ocupas de viviendas ajenas puedan darse de alta en el padrón aunque habiten inmuebles que no sean de su propiedad. Y es esta permisividad del Gobierno la que quiere frenar el GPP con esta iniciativa.
