Denuncian intereses empresariales en estos contratos, mientras que otras poblaciones con gobiernos del PSOE también se ven envueltas en la presunta trama de uniformidad policial
Finalmente será la fiscalía anticorrupción la que decida si el “Caso Uniformes” es constitutivo de delito. Tras varios meses de investigación y denuncias, los populares anuncian que han trasladado todos los datos de la contratación a la fiscalía anticorrupción, para que se investigue y se diriman las correspondientes responsabilidades.
Los populares llevan meses denunciando que el PSOE podría estar tratando de favorecer a una empresa en concreto pidiendo una uniformidad que no se encuentra regulada, y de la que solo dispone una única empresa.
En esa línea ya se manifestó el secretario del Ayuntamiento de Torrent, máximo responsable jurídico del mismo, en un informe del 24 de Febrero solicitado por los populares, indicó que las prendas del pliego adjudicado en Torrent no se ajustaban a la legalidad
El “Caso Uniformes” se conoció en Torrent en septiembre, no obstante ya ha “salpicado” a otros municipios como Requena o Paterna, en este ultimo también la secretaria del ayuntamiento pone en duda “las condiciones de legalidad del contrato”.
El sindicato CCOO, que reacciono al “Caso Uniformes” tras las denuncias del PP de Torrent, habla directamente de “ilegalidad de la uniformidad”, denunciando abiertamente “movimientos interesados por parte de fabricantes y empresas”. Mientras que la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat remitió un escrito al Alcalde el 14 de Marzo donde se dice textualmente: “en referencia al equipamiento de la uniformidad de la Policía Local de su ayuntamiento, le comunico que la misma debe ajustarse a lo establecido en el Decreto de 114/2005”
En los tres municipios afectados gobiernan los socialistas, y en los tres municipios los problemas de contratación irregular han surgido con la misma empresa.
Nacho Carratalá, edil popular de Torrent que descubrió la trama, ha manifestado “El mismo problema en tres ayuntamientos socialistas, con la misma empresa, está lejos de ser una casualidad. Nosotros estamos denunciando desde hace tiempo que algo aquí no va bien, y por ello lo hemos puesto en manos de la fiscalía”
