AVA critica que los agricultores que ingresan menos de 900 euros tengan que cotizar 281,5 euros: “¿Cómo van a pagar tanto si no llegan ni al SMI?”
El mecanismo de cotización planteado por el Ministerio de Seguridad Social para que entre en vigor a partir de 2023 encuentra en el campo valenciano un rechazo especialmente enérgico. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se suma a la denuncia de ASAJA y se opone a la última propuesta gubernamental porque supone un incremento de cerca del 40% de los costes sociales para los autónomos agrarios, que en algunos casos llegan a triplicar las actuales cotizaciones.
Asimismo, AVA-ASAJA critica duramente que los agricultores y ganaderos con los ingresos más bajos, es decir, aquellos que ingresan menos de 600 y hasta 900 euros mensuales –como es el caso de muchos productores de naranjas y otros cultivos valencianos en dificultades– tengan que seguir cotizando 281,5 euros: “¿Cómo van a pagar tanta cuota si no llegan ni al Salario Mínimo Interprofesional? ¿Es así como el Gobierno se preocupa por los más débiles de la cadena alimentaria?”, afirmó el presidente de AVA-ASAJA Cristóbal Aguado.
AVA-ASAJA también recuerda que existe un Sistema Especial para los trabajadores cuenta propia (SETA) y solicita que sea respetado y que cualquier reforma sea consensuada previamente con el sector.
Para Aguado, “los planes del Gobierno de subir las cuotas de autónomos supone una nueva vuelta de tuerca para el sector agrario, que coincide en el tiempo con la inminente reforma laboral, la cual no se adapta a las particularidades de las campañas agrícolas en materia de trabajo temporal”.
Promesa pendiente
AVA-ASAJA reitera al ministro de Agricultura, Luis Planas, que cumpla la promesa que anunció en Valencia de rectificar el Real Decreto 15/2020 sobre medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, de manera que deje de ser obligatorio darse de alta como autónomo a todos los productores que obtienen ingresos agrarios, cuando antes esa obligación solo se aplicaba a quienes percibían más del 50% de sus rentas totales de la venta de sus producciones agrícolas o ganaderas. “A día de hoy, esta barbaridad legislativa aún no ha sido modificada, a pesar del compromiso del ministro, y de llevarse a cabo le saldría muy caro al país en abandono de campos, en puestos de trabajo y en degradación paisajística y medioambiental”, advirtió Aguado.
