CSIF, USO, Fetico y otras organizaciones sindicales como SPPLB en Torrent se desmarcan de la convocatoria de este miércoles. María Jesús Montero reconoció que la huelga se dirige contra la oposición y no contra el Gobierno, mientras Feijóo y Tellado denuncian una operación electoral de los sindicatos en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, llega rodeada de una fuerte polémica política y sindical. La movilización, impulsada bajo las reivindicaciones del acceso a una vivienda digna, mejores salarios y el control de los precios, se ha convertido en un nuevo frente de enfrentamiento entre los partidos políticos, especialmente por celebrarse en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La convocatoria está respaldada por CCOO, UGT, CGT, CNT, CO.BAS, Intersindical y otras organizaciones sindicales y colectivos vinculados al movimiento de inquilinas. Sin embargo, no cuenta con el apoyo unánime del sindicalismo español.
Entre las organizaciones que han anunciado que no secundarán el paro figuran CSIF, USO, Fetico, ANPE, Amyts, Semaf, SLT, Sepla y FINE. Sus motivos son diferentes, aunque varias de ellas cuestionan el componente político de la convocatoria.
CSIF ha explicado que no participará al considerar que la huelga responde a motivaciones políticas y no a reivindicaciones estrictamente laborales. USO, por su parte, sostiene que, con el Parlamento disuelto y un Gobierno en funciones, no existe un interlocutor real al que trasladar las reclamaciones. Fetico también ha rechazado sumarse al paro al cuestionar su planteamiento político.
Esta división evidencia que la convocatoria no cuenta con el respaldo de numerosas organizaciones sindicales con representación en distintos sectores profesionales.
María Jesús Montero reconoce que la huelga es contra la oposición
Uno de los episodios que más controversia ha generado ha sido la intervención de María Jesús Montero, dirigente socialista y responsable de la campaña electoral del PSOE, que reconoció expresamente el particular destinatario de esta movilización.
«Habitualmente, para que los ciudadanos lo sepan, las huelgas generales se convocan contra los Gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición», afirmó Montero.
La dirigente socialista justificó sus palabras argumentando que la convocatoria viene motivada por el rechazo parlamentario al decreto de vivienda que había impulsado el Ejecutivo.
Sus declaraciones han alimentado las críticas sobre la utilización partidista de una herramienta de protesta laboral. Resulta especialmente llamativo que una dirigente del partido que gobierna reconozca que una huelga general se dirige contra los partidos de la oposición y no contra el Ejecutivo que tiene la responsabilidad de gestionar el país.
La contradicción resulta evidente: mientras los sindicatos defienden que la protesta responde a problemas sociales y laborales, una de las principales dirigentes del PSOE reconoce que su destinatario político es la oposición.
Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha definido la convocatoria como una «huelga política sobre un gran problema social», defendiendo así la movilización.
Feijóo pide desconvocar la huelga y denuncia su carácter electoral
El Partido Popular ha sido especialmente contundente contra la convocatoria. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ya pidió el 3 de noviembre a los sindicatos que reconsiderasen la huelga, calificándola de «grave error» y cuestionando que se convoque contra la oposición.
Feijóo aclaró que no cuestiona el derecho constitucional de huelga, sino el sentido de oportunidad de una movilización de estas características en el actual contexto político.
El líder popular insistió en que los sindicatos deberían mantener su independencia y ejercer su función de interlocución con todas las fuerzas políticas, en lugar de iniciar una nueva legislatura con un problema de credibilidad.
El 9 de noviembre, el secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, denunció que los sindicatos habían permanecido «ocho años hibernando» durante los gobiernos de Pedro Sánchez y que ahora habían decidido convocar una huelga justo antes de las elecciones.
Tellado fue más allá y calificó la convocatoria de «huelga electoral» y «preventiva», dirigida contra el futuro Gobierno que podría encabezar Alberto Núñez Feijóo.
El dirigente popular acusó a los sindicatos de prestar «el último servicio de los sindicatos al sanchismo» y cuestionó que no se hayan movilizado contra el encarecimiento del coste de la vida, la situación de la vivienda o los problemas económicos que afectan a los trabajadores durante los últimos años.
Este martes, 10 de noviembre, Tellado ha vuelto a cargar contra la convocatoria, asegurando que la izquierda ha decidido adelantar la campaña electoral con una movilización «inédita en democracia».
«Los sindicatos han decidido despertar de la siesta que llevan echando desde el año 2018 e ir a una huelga», afirmó.
También ironizó sobre la relación entre el Ejecutivo y las centrales sindicales, asegurando que Pedro Sánchez tiene 24 ministros: «El 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo», en referencia a los secretarios generales de UGT y CCOO.
El secretario general del PP defendió que su partido es «el verdadero partido de los currantes» y advirtió de que la convocatoria no va contra el Gobierno actual, sino contra el que podría llegar después de las elecciones.
Una huelga a las puertas de las elecciones generales
La coincidencia temporal es uno de los elementos centrales de la controversia. La huelga se celebra el 11 de noviembre, apenas unos días antes del comienzo oficial de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La patronal CEOE y Cepyme también han cuestionado la convocatoria y han advertido de su posible carácter electoral. Su presidente, Antonio Garamendi, anunció que estudiarían impugnarla al considerar que las reivindicaciones no son esencialmente de naturaleza laboral.
Los sindicatos convocantes rechazan que se trate de una huelga partidista y defienden que la crisis de la vivienda, los salarios y el coste de la vida justifican la movilización, pero ¿qué culpa tendría la oposición de todo esto, no tendría que ser contra el gobierno de Sánchez?. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha defendido que la huelga apela al conjunto de las administraciones y especialmente a quienes, según los convocantes, se han opuesto a medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
Sin embargo, las declaraciones de María Jesús Montero han terminado por situar el debate en el terreno electoral. Que una dirigente socialista reconozca que la huelga se dirige contra la oposición, y no contra el Gobierno, constituye uno de los principales argumentos de quienes consideran que la movilización está siendo utilizada como instrumento de confrontación política.
La defensa de los derechos laborales y del acceso a la vivienda son reivindicaciones legítimas. Pero la pregunta que queda sobre la mesa es si una huelga general debe convertirse en una herramienta de confrontación entre partidos y utilizarse como instrumento de presión justo cuando los ciudadanos están a punto de acudir a las urnas.
