El presidente del Gobierno disuelve las Cortes después de la derrota parlamentaria de sus decretos de vivienda y lleva a las urnas una legislatura salpicada por los casos Ábalos, Cerdán, Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, Leire Díez y la condena del fiscal general del Estado, así como la invasión de Ceuta
Pedro Sánchez ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, poniendo fin anticipadamente a la legislatura. El presidente ha comunicado su decisión desde el Palacio de la Moncloa después de la derrota sufrida por el Gobierno en el Congreso con sus dos decretos sobre vivienda.
De Ábalos y Koldo a Santos Cerdán
Uno de los principales lastres para el Ejecutivo ha sido el denominado caso Koldo. La investigación terminó alcanzando al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, el torrentino José Luis Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
El caso tuvo una consecuencia inédita para un antiguo miembro del Gobierno de Sánchez: en junio de 2026, el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, a Koldo García a 19 años y ocho meses y a Aldama a cuatro años y medio por delitos relacionados con el cobro de comisiones en contratos de mascarillas y otras actuaciones.
La investigación también llevó hasta Santos Cerdán, quien había sido secretario de Organización del PSOE después de Ábalos y uno de los hombres de máxima confianza política de Sánchez.
La UCO situó a Cerdán en el centro de la investigación sobre presuntos amaños de obra pública y posteriormente informó de que él y su familia habrían dispuesto de más de 300.000 euros procedentes de fuentes de ingresos no declaradas, mientras el antiguo dirigente socialista permanece investigado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. RTVE.es
El caso Leire Díez y las maniobras contra jueces y fiscales
Otro de los episodios más controvertidos de la legislatura ha sido el denominado caso Leire Díez.
La exmilitante socialista está siendo investigada por presuntas maniobras destinadas a obtener información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de la UCO y, según la investigación, tratar de obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.
Un informe de la UCO incorporado a la causa sostiene que las agendas intervenidas a Cerdán muestran que este habría tenido conocimiento de las actuaciones de Díez. La Guardia Civil encontró documentación que apuntaría a una supuesta «dación de cuentas» de sus actividades al entonces número tres del PSOE.
El caso alcanzó incluso a la Fiscalía General del Estado: el Ministerio Público reconoció que Díez y el abogado de Cerdán mantuvieron reuniones con Diego Villafañe, que fue mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz.
El hermano del presidente, condenado
El entorno familiar de Sánchez también ha quedado bajo el foco judicial.
En julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación administrativa, por su contratación en la Diputación de Badajoz. El tribunal lo absolvió del delito de tráfico de influencias.
La sentencia convirtió el caso del hermano del presidente en otro de los asuntos que previsiblemente estarán presentes durante la campaña electoral.
Begoña Gómez, ante un jurado popular
La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, constituye otro de los grandes focos de controversia.
El juez Juan Carlos Peinado acordó en septiembre abrir juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que su exasesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, también irá a juicio por malversación. El procedimiento será resuelto por un jurado popular.
La causa ha generado un fuerte enfrentamiento político y judicial. Mientras las acusaciones solicitan penas de prisión, la Fiscalía sostiene que Gómez debe ser absuelta, por lo que será finalmente el tribunal el que determine su responsabilidad.
El fiscal general del Estado, condenado
Otro hecho extraordinario de la legislatura ha sido la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal Supremo lo condenó por un delito de revelación de datos reservados, imponiéndole dos años de inhabilitación para el cargo y una multa de 7.200 euros, además de una indemnización de 10.000 euros. La sentencia contó con un voto particular discrepante de dos magistradas que defendieron su absolución.
La condena de quien ocupaba la máxima responsabilidad de la Fiscalía constituye uno de los episodios institucionalmente más graves de esta etapa.
La invasión de Ceuta
A todo ello se suma la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio, que ha abierto otra investigación judicial.
Según las investigaciones, alrededor de 80.000 personas entraron en la ciudad durante los días 30 y 31 de julio, provocando una situación de extraordinaria presión para los servicios públicos y las fuerzas de seguridad.
La Audiencia Nacional investiga las circunstancias de aquella entrada masiva. Testimonios conocidos en las últimas semanas apuntan a que las autoridades de Ceuta habían trasladado previamente al Gobierno central advertencias sobre el incremento de la presión migratoria. El Ejecutivo sostiene, sin embargo, que la información disponible antes de los acontecimientos no permitía anticipar una entrada de semejante magnitud.
Una legislatura marcada por los tribunales
El balance que deja la legislatura está así condicionado por una acumulación poco habitual de asuntos judiciales que han alcanzado a antiguos ministros, dirigentes del PSOE, personas del entorno familiar del presidente y altos cargos de instituciones del Estado.
Al mismo tiempo, Sánchez afronta las elecciones después de haber perdido la votación de sus decretos de vivienda en el Congreso, en un nuevo episodio de la extrema debilidad parlamentaria que ha acompañado a su Gobierno.
El presidente ha defendido su gestión y ha pedido a los ciudadanos una mayoría más amplia. Pero el 29 de noviembre, los españoles no solo decidirán quién debe gobernar durante la próxima legislatura: también tendrán que valorar en las urnas una etapa política marcada por la inestabilidad parlamentaria y por una sucesión de casos judiciales que han terminado afectando a buena parte del entorno político e institucional de Sánchez.
