El argumentario del PSOE de Torrent contra la nueva tasa de residuos que impone Pedro Sánchez a los ayuntamientos empieza a desmoronarse a la vista de las decisiones adoptadas por otros ayuntamientos gobernados por los propios socialistas. Las críticas de Andrés Campos y del PSOE torrentino contra la aplicación de la tasa, derivada de la obligación establecida por la Ley 7/2022 del gobierno de Sánchez, contrastan con la realidad de municipios gobernados por el mismo partido que han implantado sistemas prácticamente idénticos al de Torrent.
El candidato socialista a la Alcaldía, Andrés Campos, aseguró la pasada semana, durante la presentación de su candidatura, que si llegara a ser alcalde «derogaría» la tasa de basuras. Posteriormente, tuvo que matizar sus palabras y explicar que su intención sería sustituirla por otra que, a su juicio, fuera «más justa». Una rectificación que evidencia la dificultad de mantener la promesa inicial de eliminar una tasa cuya implantación viene condicionada por la legislación estatal de un gobierno del PSOE.
La contradicción se hizo todavía más evidente en el Pleno Ordinario celebrado el pasado jueves en el Ayuntamiento de Torrent. El grupo socialista presentó una moción para que el consistorio retirara el folleto informativo que había enviado a los domicilios de los vecinos para explicar la nueva tasa y elaborara y remitiera otro documento con el contenido que pretendía imponer el PSOE. La iniciativa fue rechazada por la mayoría del Pleno.
El «copia y pega» de Valencia que se vuelve contra el PSOE
Uno de los argumentos utilizados de forma reiterada por el PSOE de Torrent, tanto en vídeos difundidos en redes sociales como en sus intervenciones públicas y plenarias, ha sido acusar al Gobierno municipal de haber realizado un «copia y pega» de la tasa de la ciudad de Valencia.
Sin embargo, este argumento queda cuestionado por la propia actuación de otros ayuntamientos socialistas de la provincia.
El caso de Paterna, gobernado por el PSOE, resulta especialmente significativo. Allí se ha establecido también una tasa de residuos vinculada al recibo del agua y con los mismos tramos que en Torrent. Además, el Ayuntamiento paternero ha remitido una carta informativa a sus vecinos sobre la aplicación de esta tasa.
Es decir, el modelo que el PSOE de Torrent presenta como una supuesta particularidad del Gobierno municipal y que utiliza para atacar al Ayuntamiento se encuentra también implantado en un municipio gobernado por el propio Partido Socialista de la misma comarca y de similar población.
La comparación resulta todavía más llamativa porque Paterna tiene un gobierno socialista. Por tanto, las críticas del PSOE torrentino contra la fórmula elegida pierden fuerza cuando el mismo partido aplica un sistema similar allí donde gobierna.
Gandía, otro ejemplo incómodo para el PSOE
Otro de los ejemplos que deja en evidencia el discurso socialista es Gandía, una ciudad de población similar a Torrent y gobernada por el PSOE.
En la capital de la Safor, la tasa de residuos lleva varios años aplicándose por lo que los vecinos llevan varios años pagando y, pese a ello, la cantidad de partida es superior a la establecida en Torrent. Mientras en Torrent la cuota parte de 47 euros, en Gandía comienza en 63 euros, según los tramos establecidos.
La realidad de estos dos municipios desmonta así otro de los argumentos utilizados por los socialistas de Torrent para cuestionar la tasa: no solo los ayuntamientos gobernados por el PSOE también aplican este tipo de tasas, sino que algunos lo hacen desde hace años y con cuotas iniciales superiores a las de Torrent.
Una tasa impuesta por la legislación estatal «el basurazo de Sánchez»
Durante el Pleno del pasado jueves, desde el Partido Popular también se recordó al PSOE que la aplicación de esta tasa no responde a una decisión unilateral del Ayuntamiento de Torrent, sino a la obligación establecida por la Ley 7/2022, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez.
Precisamente por este motivo, el Ayuntamiento de Torrent aprobó en su momento solicitar al Gobierno de España una moratoria de tres años para la aplicación de la tasa.
La petición tampoco fue atendida por el Ejecutivo central.
Además, la alcaldesa de Torrent trasladó personalmente esta reivindicación a Pedro Sánchez en hasta tres ocasiones, reclamando una moratoria de tres años para los municipios afectados por la DANA. Ninguna de estas peticiones obtuvo respuesta favorable por parte del Gobierno de España.
De este modo, mientras el PSOE de Torrent centra sus críticas en el Ayuntamiento por la aplicación de una tasa cuya implantación viene condicionada por la normativa estatal, el propio Gobierno municipal había reclamado previamente al Ejecutivo de Sánchez que permitiera aplazar su entrada en vigor para los municipios afectados por la catástrofe.
El argumentario socialista, en entredicho
Los ejemplos de Paterna y Gandía sitúan al PSOE de Torrent ante una evidente contradicción política. El mismo partido que critica en Torrent la implantación de la tasa gobierna municipios donde se aplica este tipo de tributo, con fórmulas que presentan importantes similitudes con la aprobada en la ciudad.
A ello se suma la evolución del propio discurso de Andrés Campos, que pasó de prometer la «derogación» de la tasa a plantear posteriormente su sustitución por otra diferente, así como el rechazo del Pleno a la propuesta socialista de sustituir el folleto informativo municipal.
La suma de todos estos elementos deja en entredicho buena parte del argumentario utilizado por el PSOE torrentino contra la tasa de residuos y evidencia, a juicio del Gobierno municipal, que una cosa es el discurso político que mantiene el PSOE en Torrent y otra muy distinta son las decisiones que adopta cuando gobierna en otros municipios.
Mientras tanto, desde el Ayuntamiento se recuerda que Torrent fue uno de los municipios que reclamó al Gobierno de España una moratoria para evitar o retrasar la aplicación de la tasa, una petición que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió no atender.
