Sonia Roca: «El PSOE de Andrés Campos inventó una trama alrededor de la Policía, generó un malestar innecesario entre nuestros agentes y ahora la realidad ha demostrado que sus acusaciones no se sostenían»
La concejala de Seguridad Ciudadana defiende la actuación de la Jefatura y de la Policía Local y acusa a los socialistas de hacer «política de fango con la Policía Local como hace Pedro Sánchez con el CNI en Ceuta» con acusaciones que han quedado desmontadas tras el archivo de la Agencia Española de Protección de Datos
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha archivado la reclamación presentada contra el Ayuntamiento de Torrent por el sistema de videovigilancia ampliado en las dependencias de la Policía Local, poniendo punto final administrativo a una polémica que durante meses fue utilizada políticamente por el Partido Socialista para cuestionar la actuación del Gobierno municipal, la Jefatura de la Policía Local y el funcionamiento de las cámaras.
La resolución de la Agencia supone un importante respaldo a la actuación del Ayuntamiento de Torrent, ya que no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador, no se ha declarado ninguna infracción, no se ha ordenado retirar ni modificar el sistema de cámaras y no se ha impuesto ninguna medida correctiva.
El archivo contrasta directamente con el relato que durante meses difundió el PSOE de Torrent y que llegó a ocupar titulares bajo expresiones como «Gran Hermano en la Policía de Torrent», presentando la ampliación del sistema de videovigilancia como un supuesto mecanismo de vigilancia sobre los propios agentes.
Desde el Gobierno municipal consideran especialmente grave que aquellas acusaciones se realizaran públicamente cuando los representantes socialistas habían tenido la posibilidad de conocer de primera mano las características del sistema.
El PSOE habló de vigilancia, audio y acceso a las imágenes
La polémica se originó a raíz de la ampliación del sistema de cámaras existente en las dependencias policiales. Desde el entorno del PSOE se promovieron actuaciones políticas y posteriormente se difundieron acusaciones relacionadas con el supuesto uso de las cámaras para vigilar a los agentes, incluyendo afirmaciones sobre una posible grabación de audio, acceso arbitrario a las imágenes o incluso captación de contraseñas.
Sin embargo, cuando el expediente llegó a la autoridad competente en materia de protección de datos, el Ayuntamiento aportó toda la documentación solicitada para acreditar las características, finalidad y funcionamiento del sistema.
La AEPD trasladó el expediente al Ayuntamiento y solicitó información sobre aspectos como la finalidad de las cámaras, su ubicación, los campos de visión, el periodo de conservación de las imágenes, las personas con acceso al sistema, la posible grabación de sonido y las garantías aplicadas.
El Ayuntamiento respondió aportando informes técnicos, planos, fotografías, cartelería y documentación relativa al funcionamiento de las cámaras.
Entre la documentación presentada figura el informe de la empresa instaladora, que certificó que las cámaras y el grabador no captan audio, que las imágenes se conservan durante un periodo máximo de 30 días y que el acceso está limitado a usuarios autorizados mediante sus correspondientes credenciales.
De esta manera, una de las principales acusaciones que habían alimentado la polémica, la supuesta grabación de conversaciones, quedó contradicha por la documentación técnica aportada al expediente.
Los socialistas conocieron directamente el sistema
Otro de los elementos que el Gobierno municipal considera especialmente significativo es que el Grupo Municipal Socialista tuvo acceso a las propias instalaciones policiales antes de mantener buena parte de sus acusaciones públicas.
En junio de 2025, cuatro concejales socialistas participaron en una inspección de las instalaciones junto a responsables del Gobierno municipal, la Jefatura de la Policía Local y técnicos municipales. Durante esa actuación pudieron conocer directamente las características del sistema y recibir explicaciones sobre su funcionamiento.
Pese a ello, las acusaciones continuaron posteriormente tanto en el debate político como en el ámbito público, construyendo un relato de supuesta ilegalidad que finalmente no ha encontrado respaldo en la actuación de la autoridad competente en protección de datos.
Para el Gobierno municipal, este hecho demuestra que el PSOE optó por convertir una cuestión relacionada con la seguridad de las dependencias policiales en un instrumento de confrontación política.
Sonia Roca: «Han hecho política de fango con nuestra Policía Local»
La concejala de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torrent, Sonia Roca, ha sido contundente al valorar el archivo de la AEPD y ha defendido tanto la actuación del Gobierno municipal como la profesionalidad de la Jefatura y de los agentes de la Policía Local.
«El PSOE de Andrés Campos inventó una trama alrededor de la Policía Local de Torrent, utilizó titulares alarmistas, hizo acusaciones muy graves y generó un malestar completamente innecesario entre nuestros agentes. Ahora la realidad ha puesto las cosas en su sitio: la Agencia Española de Protección de Datos ha estudiado el expediente y ha archivado la reclamación», ha señalado Roca.
La responsable municipal de Seguridad ha criticado duramente lo que considera una estrategia de confrontación política basada en acusaciones que han terminado quedando desmontadas por los hechos.
«Lo que hizo el PSOE fue política de fango. En lugar de preocuparse por mejorar la seguridad de nuestros policías y de los ciudadanos, prefirieron sembrar dudas, lanzar acusaciones y tratar de convertir un sistema de seguridad en un escándalo político», ha afirmado.
Roca ha lamentado especialmente que se generara un clima de desconfianza dentro de la propia Policía Local.
«Cuando se acusa públicamente a una Jefatura y a un Ayuntamiento de estar vigilando ilegalmente a sus agentes, el daño no se queda en una rueda de prensa o en un titular. Se genera malestar entre los propios policías, se pone en cuestión su trabajo y se deteriora la confianza. Y todo ello sobre la base de unas acusaciones que ahora vemos que no han prosperado ante la autoridad competente», ha manifestado.
«La AEPD ha hablado y el PSOE debería dar explicaciones»
La concejala ha considerado que el archivo de la AEPD debería llevar al PSOE a explicar por qué mantuvo sus acusaciones después de haber tenido acceso a las instalaciones y a la información sobre el sistema.
«El PSOE tuvo la oportunidad de conocer las cámaras, de recibir explicaciones y de comprobar cómo funcionaban. Aun así, decidió seguir alimentando una polémica y presentarla ante los ciudadanos como si estuviéramos ante un sistema de vigilancia ilegal. Hoy sabemos que la AEPD ha archivado la reclamación», ha recordado.
Roca ha insistido en que «una cosa es hacer oposición y otra muy distinta es difundir acusaciones falsas contra trabajadores públicos y contra una Policía Local que cada día está en la calle protegiendo a los ciudadanos».
«Aceptamos las críticas políticas, por supuesto. Lo que no vamos a aceptar es que se ataque gratuitamente a nuestros agentes, que se cuestione a la Jefatura y que se intente sembrar la sospecha sobre un sistema destinado precisamente a mejorar la seguridad», ha añadido.
La concejala ha defendido que el sistema de videovigilancia responde a una finalidad estrictamente vinculada a la seguridad de las instalaciones, de los agentes y de los ciudadanos, así como a la prevención de agresiones y hechos delictivos y al refuerzo de la seguridad del depósito de armas.
Asimismo, el sistema dispone de controles de acceso mediante usuarios y contraseñas, perfiles diferenciados y limitaciones para la visualización de las imágenes.
Un sistema de seguridad, no un mecanismo de vigilancia laboral
Desde el Gobierno municipal subrayan que la documentación incorporada al expediente demuestra que las cámaras forman parte de una ampliación de un sistema de videovigilancia que ya existía en las dependencias policiales, y que dicha ampliación había sido comunicada a la Delegada de Protección de Datos municipal.
Por tanto, el Ejecutivo local sostiene que no se trataba de una instalación clandestina ni de un mecanismo diseñado para controlar laboralmente a los policías, sino de una herramienta destinada a reforzar la seguridad de unas instalaciones especialmente sensibles.
La resolución de la AEPD supone así, según el Gobierno municipal, el cierre de una polémica que el PSOE había convertido en uno de los principales argumentos de su oposición respecto a la Policía Local.
«Mientras unos montan películas, nosotros seguimos trabajando»
Sonia Roca ha asegurado que el Gobierno municipal no va a desviarse de su objetivo de mejorar la seguridad de Torrent.
«Mientras unos se dedican a montar películas, nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir mejorando los medios de nuestra Policía Local, protegiendo a nuestros agentes, mejorando sus condiciones de trabajo y aumentando la presencia policial en nuestras calles», ha declarado.
La concejala ha avanzado que el Ayuntamiento continuará impulsando el modelo de Policía de Barrio, con una mayor proximidad de los agentes a los vecinos y una presencia más cercana en los diferentes barrios y zonas de Torrent.
«Vamos a seguir trabajando por la seguridad de nuestros propios agentes y por la seguridad de todos los ciudadanos de Torrent. Vamos a seguir ampliando la Policía de Barrio, reforzando la presencia policial y dotando a nuestros agentes de las herramientas que necesitan para desarrollar su trabajo con garantías», ha explicado.
Para Roca, el objetivo del Gobierno municipal es claro: «que nuestros policías puedan trabajar seguros y que nuestros vecinos puedan sentirse seguros».
«Torrent necesita una oposición responsable»
La concejala ha reclamado finalmente al PSOE que abandone, a su juicio, la estrategia de confrontación permanente y que ejerza una oposición responsable.
«Torrent necesita una oposición que aporte, que proponga y que ayude a mejorar la ciudad. Lo que no necesita es una oposición que utilice a la Policía Local para hacer política de fango al estilo Pedro Sánchez acusando al CNI, que lance acusaciones muy graves y que genere desconfianza entre nuestros propios agentes», ha señalado.
Roca ha defendido que el resultado del expediente demuestra la diferencia entre la estrategia del PSOE y la actuación del Gobierno municipal.
«Ellos hacen oposición a golpe de titular. Nosotros hemos trabajado, hemos dado la información que se nos ha solicitado y hemos dejado que la autoridad competente analizara los hechos. Y el resultado está ahí: la AEPD ha archivado la reclamación», ha concluido.
La resolución permite así al Gobierno municipal cerrar uno de los episodios de mayor controversia política en torno a la Policía Local durante la presente legislatura. La reclamación no ha terminado en sanción, declaración de infracción ni orden de retirada de las cámaras, mientras que el Ayuntamiento sostiene que ha quedado acreditado que el sistema responde a una finalidad de seguridad y cuenta con las correspondientes garantías.
