AVA-ASAJA prevé que la agricultura valenciana perderá 90 millones con la PAC 2023-27 propuesta
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) alerta de que el actual modelo que propone el Ministerio de Agricultura para la aplicación en España de la futura Política Agrícola Común (PAC) correspondiente al periodo 2023-2027 supondría un verdadero descalabro para la agricultura valenciana al contemplar un recorte aproximado del 20% de las ayudas directas en comparación con las percibidas en la actualidad. Según las estimaciones de AVA-ASAJA, de confirmarse la nueva reforma del Gobierno central, los agricultores de la Comunitat Valenciana sufrirían una pérdida de 18 millones de euros cada año en ayudas directas o, lo que es lo mismo, una disminución global de 90 millones durante los cinco ejercicios referidos.
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, acusa al ministro de Agricultura, Luis Planas, de “impulsar varias modificaciones con una perspectiva fundamentalmente enfocada a la agricultura continental que no tienen en cuenta las particularidades del campo valenciano, ni a sus cultivos, ni a su estructura minifundista, ni a sus métodos de producción respetuosos con el medioambiente. Los textos a los que hemos tenido acceso incumplen las promesas que anunció Planas en su última visita a Valencia como la de que la PAC tendría un acento mediterráneo o la de que todos los productores de frutas y hortalizas por fin accederían a las ayudas directas”.
En primer lugar, la organización agraria rechaza la definición de agricultor genuino planteada por el Ministerio, que establece un umbral mínimo de ingresos agrarios respecto a los totales para percibir ayudas hasta tal extremo que puede dejar fuera de las mismas a unos 25.000 agricultores valencianos, es decir, más de la mitad de los actuales perceptores, de acuerdo a un informe que realizó el propio departamento agrario del Gobierno central en 2017. AVA-ASAJA pide contemplar, en su lugar, la figura de agricultor pluriactivo –propietarios agrarios que tengan otras actividades diferentes y se dediquen al campo a tiempo parcial– para apoyar su contribución socioambiental y su lucha contra el despoblamiento.
En la misma línea, la entidad presidida por Cristóbal Aguado también exige un régimen de pequeños agricultores específico y simplificado, tal como se encuentra actualmente, a fin de evitar más carga burocrática. Asimismo, solicita al Ministerio que no enrede con otros conceptos difusos como la superficie admisible que daría prioridad a los beneficiarios históricos en detrimento de agricultores que nunca antes han recibido ayudas directas de la PAC.
Dos de las medidas estrellas de la política agraria europea, los ecoesquemas y la convergencia, tampoco beneficiarán a los agricultores valencianos de llevarse a la práctica según las directrices del Gobierno español. Por un lado, AVA-ASAJA critica que de los nueve ecoesquemas propuestos en España prácticamente son aplicables de manera generalizada tres en la agricultura valenciana y, además, implican en muchos casos restricciones irrealizables y sobrecostes económicos difícilmente asumibles porque van más allá de la condicionalidad reforzada.
En cuanto a la convergencia planteada a partir de 2023, AVA-ASAJA pide medidas compensatorias para aquellos sectores más afectados, especialmente la ganadería y el arroz, ya que el brutal recorte que se vislumbra, de hasta el 50% respecto al importe de 2019, pone en riesgo la continuidad de las explotaciones. En el caso del arroz, la asociación teme además el tremendo impacto medioambiental que provocaría la medida en el mantenimiento del parque natural de La Albufera, donde el cultivo desempeña un papel clave.
Finalmente, AVA-ASAJA advierte de la incertidumbre que existe respecto a las ayudas incluidas en el segundo pilar de Desarrollo Rural, puesto que la letra pequeña del Plan Estratégico del Ministerio todavía no se conoce.
