El juzgado de lo penal de Torrent ha abierto, tal y como solicitaba la fiscalía anticorrupción, diligencias previas por un presunto delito contra la administración pública en el procedimiento de contratación de la uniformidad policial.
Hace unas semanas era la fiscalía provincial de Valencia la que trasladaba el asunto al juzgado de Torrent, ya que según afirma textualmente la fiscalía “se ponen en conocimiento la existencia de determinadas irregularidades en el procedimiento de contratación para el suministro de vestuario de la plantilla de Policía Local”, e instaba al juzgado de Torrent a “incoar el oportuno procedimiento penal”.
A raíz del requerimiento de la fiscalía el juzgado de Torrent ha abierto diligencias previas de investigación penal al Ayuntamiento de Torrent, ante este nuevo escenario judicial los populares han presentado nueva documentación que deja patente “que el ayuntamiento nunca estuvo autorizado a incumplir la ley autonómica en la uniformidad, de forma que presuntamente se beneficiaria a una firma en concreto, no olvidemos que han jugado con 205.000 euros de los torrentinos”
Esta noticia coincide con la fase de contactos entre los diferentes partidos previa a las conclusiones de la comisión de investigación, según diferentes informaciones los socialistas no estarían dispuestos a asumir ninguna responsabilidad política en este caso, al contrario que los populares quienes dejan clara su postura:
“Si un gobierno incumple la ley, sigue adelante con una contratación a pesar de las advertencias de la Generalitat, de sindicatos y grupos políticos tanto del Ayuntamiento como de las Cortes y adjudica sin la autorización del órgano competente, la cosa está clara, ese gobierno es responsable de sus actos, y debe rendir cuentas”
Según los populares existen claras irregularidades que implicarían a más de una persona de la Junta de Gobierno, “desde informes jurídicos de ilegalidad, actas de mesas de contratación que no se tienen en cuenta, actas de reuniones de la Generalitat que acusan al ayuntamiento de utilizarla de cortapisas para validar cosas que no se pueden validar, y hasta declaraciones de la Consellera de justicia de la Generalitat admitiendo las irregularidades de Torrent”
Los populares señalan a varías figuras políticas, desde el Concejal de Seguridad Ciudadana José Antonio Castillejo que acumula varias irregularidades, al alcalde Jesús Ros Piles que adjudica el contrato, pasando por el responsable de contratación, el edil de Hacienda Andrés Campos Casado.
Según el edil popular Nacho Carratalá, denunciante del “caso uniformes” desde hace casi un año: “El señor alcalde debería preocuparse más por limpiar su casa y centrarse en la gestión de Torrent que deja mucho que desear, en lugar de atacar personalmente a quien denuncia la mala praxis de su gobierno”
