El CJC emite un dictamen favorable al Ayuntamiento de Torrent en relación al parking Juan Carlos I

Ante el abandono de la concesión por parte de la empresa adjudicataria, el consistorio ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el servicio

Ahora, el Ayuntamiento de Torrent seguirá los pasos oportunos para conseguir la liquidación del contrato con la entidad

Ante el abandono del parking Juan Carlos I por parte de la empresa adjudicataria, la U.T.E Secopsa-Nagarés, el Ayuntamiento de Torrent inició el pasado 22 de abril un procedimiento para la resolución del contrato con la entidad. A estas alturas del proceso, el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) ha emitido un dictamen favorable al consistorio torrentino puesto que la empresa no puede abandonar las instalaciones.

Desde la creación de la comisión de seguimiento y control del parking a principios del año pasado, el consistorio torrentino siempre ha actuado con diligencia para conseguir una mayor explotación del parking, pero a pesar de ello, la empresa pretende abandonar la concesión del mismo. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Torrent seguirá los pasos oportunos para conseguir la liquidación del contrato con la entidad y poder garantizar el servicio.

Antecedentes

En el año 2005, el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Torrent sacó a concurso una licitación para la construcción de un parking en la entrada sur de Torrent, donde finaliza la Avda. Juan Carlos I. Tan solo se presentó la U.T.E. Secopsa-Nagares, a la que se adjudicó la obra que no comenzó hasta pasadas las elecciones de 2007.

Con el cambio de gobierno municipal en 2007, el nuevo equipo de gobierno del Partido Popular tuvo que asumir las modificaciones derivadas del nuevo Código Técnico de la Edificación, motivado por el retraso en el inicio de las obras del parking, así como por la falta de previsión del anterior equipo de gobierno.

Una vez finalizada la construcción, la empresa exigió una subida de precios para poder asumir el coste de la obra dejándola parada durante más de seis meses. Finalmente, se incrementaron los precios a un nivel inferior del exigido por la empresa adjudicataria, la cual pretende abandonar el proyecto.