PSOE, PP y Compromís votan por unanimidad en el pleno municipal que se lleven a cabo acciones que reparen el daño económico causado y exijan responsabilidades por la denuncia de 2003 al equipo de gobierno socialista
La CHJ instó en numerosas ocasiones al entonces alcalde de Torrent, Jesús Ros, a retirar el vallado ilegal, llevando a cabo su correspondiente expediente sancionador
La CHJ impuso al Ayuntamiento de Torrent la obligación de ejecutar obras de demolición y sanción por importe de 8.000 euros
El pleno municipal ordinario celebrado esta mañana en Torrent, ha aprobado por unanimidad con los votos del Partido Popular, Partido Socialista y Compromís la moción referente a la reclamación de responsabilidades sobre la denuncia que la Confederación Hidrográfica del Júcar notificó en el año 2003 por la realización de obras sin autorización administrativa en el Barranc de la Serra. Por ello, el Ayuntamiento de Torre
nt podrá llevar a cabo acciones que reparen el daño económico causado en las arcas municipales por la denuncia que se remonta a la etapa del gobierno socialista de Jesús Ros.
Tras la denuncia del grupo municipal socialista de Torrent en los medios de comunicación, y en concreto de su portavoz Andrés Campos, del hecho denunciado que se remonta a la etapa de gobierno también socialista, el pleno municipal ha aprobado por unanimidad iniciar los trámites correspondientes que depuren las responsabilidades. El propio Campos ha votado a favor de la depuración de responsabilidades de una decisión de su propio grupo político y del entonces alcalde Jesús Ros.
Durante el pleno, el portavoz adjunto del Partido Popular , Jorge Planells, ha recordado que en la notificación remitida por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 2003 al entonces equipo de gobierno, se especificaba que las obras realizadas sin autorización fueron: cruce de barranco Sierra con valla transversal al cauce, Instalación de valla sin respetar la zona de servidumbre en la cañada de la Sierra, cruce de línea de baja tensión en la Cañada de la Sierra, construcción de edificio, bar restaurante en zona de policía de la cañada de la Sierra y relleno de parcela en el margen derecho del barranco. En el escrito, se instaba al gobierno municipal socialista a que demoliera el vallado ilegal, iniciando el correspondiente expediente sancionador.
Este requerimiento fue reiterado en varias ocasiones en los años 2004, 2005 y 2006. Tras la primera notificación, el equipo de gobierno socialista de Jesús Ros alegó que las obras realizadas sin autorización en el Camp de Tir Penya Rotja, correspondían a una parcela particular, y no a una parcela propiedad del Ayuntamiento de Torrent. Esta alegación fue denegada por la CHJ, ya que el Servicio de Guardería Fluvial informó en 2004 que, tras sus averiguaciones, la parcela era propiedad del consistorio, por lo que el Ayuntamiento de Torrent era máximo responsable de la ilegalidad.
Según consta en el Expediente sancionador, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrent no formuló alegaciones dentro de los plazos concedidos al efecto, ni contra el Acuerdo de Iniciación del procedimiento sancionador ni contra la Propuesta de Resolución que confirmaba los hechos relacionados en el Pliego de cargos. Por ello, la Confederación Hidrográfica del Júcar impuso al Ayuntamiento de Torrent la obligación de ejecutar obras de demolición y sanción por importe total aproximado de 8.000 euros.
Por su parte, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha recordado que en el año 2007, el actual concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, comenzó los trámites administrativos correspondientes para dar solución viable al problema de forma conjunta con la Confederación Hidrográfica del Júcar que no suponga el cierre del Camp de Tir Penya Rotja y con el objetivo de aminorar el importe de la sanción. Gozalvo y la concejal de Urbanismo, Marisa Martínez, mantuvieron una última reunión con la presidenta de la entidad, MªÁngeles Ureña, y de forma paralela con la Guardia Civil para tratar de forma exclusiva el problema del vallado ilegal del barranco de la Cañada de la Sierra y poder llegar a una solución definitiva.