La nueva tasa de basura de Sánchez supondrá un sablazo para los vecinos de Torrent
El Gobierno impone a los Ayuntamientos, aprobar una tasa “no deficitaria” y repercutirla a los ciudadanos
La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Torrent acordará la propuesta de establecimiento de la tasa por prestación del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.
La nueva normativa, obliga que la tasa financie por completo el servicio, y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos.
Esta nueva tasa del Gobierno nos obliga a repercutir a los ciudadanos la cantidad, en toda España, de 47,6 millones de euros del coste de la recogida y transporte de residuos, lo que condiciona a los Ayuntamientos y los deja sin capacidad de reacción. Además, el carácter legal de la nueva tasa como “no deficitaria” también supone restringir la concesión e importe de las reducciones y bonificaciones que los Ayuntamientos pueden aplicar para reducir las tarifas.
Es la primera vez en la historia de los Ayuntamientos, un gobierno de España, el del socialista Pedro Sánchez, obliga a todos los Ayuntamientos a imponer una tasa, el ya conocido como “basurazo de Sánchez”.
El Ayuntamiento de Torrent asumía hasta ahora el coste de la recogida de basura. Tras la aprobación Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en particular el artículo 11.3, se obliga a los Ayuntamientos a aprobar, antes del 10 de abril de 2025, una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, a través de sistemas de pago por generación y que refleje el coste del servicio de recogida y transporte de las basuras.
Se prevé que un total de 34.760 vivendas y 2.700 empresas que desarrollan actividad económica se vean afectadas por esta tasa. En el caso de las viviendas, se estima que el 70% se encontrará en las cuatro tarifas más bajas.
HIPOCRESÍA Y CINISMO DEL PSOE DE TORRENT
En las últimas semanas el PSOE de Torrent ha iniciado una serie de críticas sobre la subida de la ‘tasa de basuras’ que su propio gobierno ha provocado, obligando a los Ayuntamientos a implantarla a sus vecinos, en una actitud cínica e hipócrita, sin aportar ninguna explicación o aclaración sobre la ley aprobada por su partido y su presidente.
Hay que recordar que la Ley del ‘basurazo’, fue aprobada en 2022, y el PSOE estuvo absolutamente en silencio, debido a que en el año 2023 habían elecciones municipales y no convenía hablar entonces por lo impopular de la medida, del ‘hachazo económico’ que iban a repercutir a los bolsillos de los ciudadanos.
Es sorprendente, cuanto menos, como solicitan que se reactive la ‘subvención Recicla’, que cubría el coste de la Tasa TAMER entre los años 2009 y 2017, y que fue eliminada por ellos mismos en un Pleno celebrado durante las fiestas patronales de ese último año, para desviar la atención.
Esta decisión implicaba que los ciudadanos de Torrent comenzaban a pagar de su propio bolsillo la Tasa TAMER, lo que en su momento denunció el Partido Popular. Los socialistas una vez más, se contradicen al pedir la reimplantación de una medida que ellos mismos decidieron eliminar y que, en su momento, consideraron innecesaria, como se reflejó en el Pleno por parte del alcalde en ese momento.
La Tasa TAMER es un impuesto metropolitano que se cobra junto con el recibo del agua y cuya finalidad es sufragar los costos derivados del tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. Desde el año 2009 hasta 2017, los torrentinos no tuvieron que hacer frente a esta tasa, gracias a la subvención municipal conocida como “Recicla”, instaurada por el Ayuntamiento de Torrent bajo el gobierno del Partido Popular.
Es paradójico que el PSOE que impulsó la subida de la TAMER quien ahora critique las consecuencias de una ley que ellos mismos han promovido desde el gobierno central.
FINANCIACION LOCAL
Es necesario y urgente que se aborde una reforma de la financiación local, la Ley reguladora de las bases del régimen local es de 1985 y en aquel momento se les asignó unas competencias muy concretas. Con los años los ayuntamientos han ido cambiando las funciones y han asumido competencias que en principio no les son propias, para responder a una necesidad local, pero no se ha modificado la normativa ni su financiación y esto hace que el esfuerzo cada vez sea más titánico para mantener las cuentas de los Ayuntamientos.
Exigimos al Gobierno de España que aborde simultáneamente, la reforma de la financiación autonómica y local, además de afrontar la deuda pendiente con los Ayuntamientos. Porque los ayuntamientos, a los que continuamente se «desprecia», no pueden seguir siendo «los hermanos pobres de la administración», somos. La administración menos dotada económicamente y, por ende, con menos capacidad para responder a las demandas de los ciudadanos, cuando somos la primera puerta donde tocan,
Que se tengan en cuenta las reivindicaciones de las corporaciones locales con el fin de conseguir un equilibrio real y en base a criterios objetivos, en el reparto de los recursos del Estado, que sea acorde con las nuevas funciones y nuevas competencias que desempeñan los Ayuntamientos. Donde se trate la insuficiencia de fondos para cubrir todas las competencias municipales, la falta de autonomía financiera y la dificultad para gestionar los recursos de manera eficiente.
El último agravio contra la administración local, ha sido el ‘cupo catalán’, el cual no vamos a permitir, que particularmente para los ayuntamientos va a suponer la ruptura de la caja común de la solidaridad territorial y donde los municipios van a perder recursos económicos. Los ayuntamientos y los vecinos no pueden ser los que paguen ese cupo catalán que saca de la caja única lo que es de todos.