Familias, profesores y otros colectivos educativos han reclamado «salvar» la escuela concertada y han pedido la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, en una multitudinaria concentración en la plaza de la Virgen de Valencia que se ha caracterizado por su ambiente festivo y reivindicativo.
Los organizadores han cifrado la asistencia en 40.000 personas. La Escuela Concertada de Torrent estuvo presente en el acto y se pudieron ver pancartas del Colegio Santa Teresa de Jesús, La Purísima, Madre Sacramento o María Auxiliadora, entre otros.
Junto a ellos estuvo la portavoz del PP, Amparo Folgado y un grupo numeroso de afiliados del PP que quisieron apoyar a la escuela concertada de la ciudad en sus reivindicaciones al Consell.
Los asistentes a la concentración, convocada por Escuelas Católicas y la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos en defensa de la libertad de elección de centro escolar, llenaron la plaza de la Virgen durante una hora, donde se mostraron carteles «por la libertad e igualdad» en la educación.
En la concentración participaron entidades como Feceval y Concapa, los sindicatos FSIE y USO, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, y representantes políticos del PP, como el europarlamentario Esteban González Pons y la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, y de Ciudadanos, como su portavoz en la Comunitat Valenciana, Fernando Giner.
Durante la concentración han intervenido Julia Llopis, presidenta de CONCAPA y Vicenta Rodríguez, presidenta de ESCACV, que han leído sendos manifiestos en defensa de una educación en libertad. La presidenta de la asociación de padres recriminó a la administración su postura “demagógica”. “No nos vale que nos digan que no están cerrando aulas en la escuela concertada, que sólo les quitan el concierto”, explicó Llopis.
Por su parte, la presidenta de ESCACV lamentó las acusaciones de “mentirosos”, y ha confirmado el cierre de 18 aulas “y más de una veintena que, teniendo la ratio suficiente, no se han concertado”. Rodríguez reclamó en su intervención que la administración sea garante del derecho constitucional a la elección de educación por parte de los padres. “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, explicó. “La Administración debe facilitar el cumplimiento de los derechos. No creemos en un modelo educativo unívoco, único y centralizado. ¿Ese es el gobierno que propugna la libertad y la igualdad?”. Así mismo, la presidenta desmintió que hubiera “barra libre” y que no “somos un negocio”. “Nuestras fundadoras y fundadores fueron pioneros en extender la educación a colectivos excluidos en otras épocas cuando la educación no era, ni mucho menos, un derecho reconocido como ahora”, explicó durante su intervención. Para Rodríguez la red pública de centros, y también en la concertada y privada son esenciales. “Estamos convencidos de que pueden y deben convivir porque, entre otras cosas, es un derecho que está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española”.