Folgado convoca una comisión urgente de Hacienda para exigir responsabilidades a los autores de la infracción durante la etapa del gobierno socialista en Torrent
La CHJ instó en numerosas ocasiones al entonces alcalde de Torrent, Jesús Ros, a retirar el vallado ilegal
El actual concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, y la actual concejal de Urbanismo, Marisa Martínez, se reunieron con la presidenta de la CHJ y la Guardia Civil para dar solución definitiva al vallado ilegal
Tras la notificación, el equipo de gobierno socialista de Jesús Ros alegó que las obras realizadas sin autorización en el Camp de Tir Penya Rotja, correspondían a una parcela particular, y no a una parcela propiedad del Ayuntamiento de Torrent. Esta alegación fue denegada por la CHJ, ya que el Servicio de Guardería Fluvial informó en 2004 que, tras sus averiguaciones, la parcela era propiedad del consistorio, por lo que el Ayuntamiento de Torrent era máximo responsable de la ilegalidad. Por esta razón, la CHJ instó a Jesús Ros a retirar la valla en diversas ocasiones en 2004, 2005 y 2006, iniciando los correspondientes expedientes sancionadores.
En el año 2007, el actual concejal de Medio Ambiente, José Gozalvo, comenzó los trámites administrativos correspondientes para dar solución viable al problema de forma conjunta con la Confederación Hidrográfica del Júcar que no suponga el cierre del Camp de Tir Penya Rotja. Gozalvo y la concejal de Urbanismo, Marisa Martínez, mantuvieron una última reunión con la presidenta de la entidad, MªÁngeles Ureña, y de forma paralela con la Guardia Civil para tratar de forma exclusiva el problema del vallado ilegal del barranco de la Cañada de la Sierra y poder llegar a una solución definitiva.
Tras la denuncia del grupo municipal socialista de Torrent en los medios de comunicación, y en concreto de su portavoz Andrés Campos, la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha convocado una comisión urgente de Hacienda para exigir responsabilidades directas a los miembros del equipo de gobierno socialista responsables de esta denuncia que acarreará costes económicos para las arcas del consistorio, como muchas otras causas pendientes heredadas del anterior gobierno socialista.