La ONG Transparencia Internacional que en dos ocasiones: 2013 y 2015 calificó a Torrent como el municipio más transparente de España con una puntuación de 100 sobre 100 ha emitido un análisis sobre la obligación legal de publicación de contratos por parte de las instituciones públicas españolas en la que Torrent, suspende.
Según informa en un comunicado, Transparencia Internacional España realizó en enero y febrero de 2016 en colaboración con el Observatorio de Contratación Pública (OCP) un análisis del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones públicas españolas de la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en función de lo establecido por la Ley 20/2013 de Garantía de la unidad de mercado. Este análisis vino a poner de manifiesto el clamoroso incumplimiento de esta normativa legal por parte de una gran parte de las instituciones públicas españolas, tanto Ayuntamientos, como Comunidades Autónomas, Parlamentos, Diputaciones Provinciales y Universidades públicas.
El nuevo análisis realizado por TI-España y el OCP en Julio de 2016 pone de manifiesto ciertas mejoras en el nivel de cumplimiento en algunas de estas instituciones, pero en todo caso sigue siendo inaceptable y realmente preocupante el mayoritario incumplimiento legal por las entidades públicas de este país. Así, de los 110 grandes Ayuntamientos españoles analizados en enero de 2016 por TI-España, sólo 29 de los 110 cumplían esta obligación, esto es el 26% de los Ayuntamientos; en el reciente análisis realizado en julio la situación sigue siendo casi la misma, dado que son solamente cuatro Ayuntamientos más los que cumplen la ley, esto es, en la actualidad son sólo 33 de los 110 grandes Ayuntamientos los que cumplen esta normativa legal sobre contratos, o lo que es lo mismo sólo el 30% de los Ayuntamientos cumplen la ley. Resulta significativo que grandes Ayuntamientos como los de Madrid, Bilbao, Valencia o Sevilla incumplan esta normativa legal, así como también el municipio de Torrent.
Por otra parte, en relación con las Comunidades Autónomas, en enero de 2016 eran sólo tres Comunidades entre las 17 totales las que cumplían esta normativa legal. En el reciente análisis del mes de julio han pasado a ser seis las Comunidades que cumplen la ley, lo que significa que ahora es algo más de un tercio de las Comunidades las que cumplen, y por tanto son casi dos terceras partes las que siguen sin cumplir la normativa legal. La Comunidad Valenciana incumple tanto en el análisis realizado en enero como en el de julio.
En lo que se refiere a los 19 Parlamentos (Congreso, Senado y 17 Parlamentos autonómicos) en julio de 2016 sólo cinco Parlamentos de los 19 totales cumplen la normativa legal, los mismos Parlamentos que lo hacían hace unos meses, por lo que no ha habido ningún avance en el cumplimiento normativo por parte de estas instituciones públicas, siendo en este caso significativo que el Congreso de los Diputados y el Senado sigan sin cumplir esta normativa legal. Les Corts Valencianes incumplen en ambos análisis.
En lo que se refiere a las Diputaciones Provinciales, en el primer análisis eran 18 las Diputaciones, de las 45 totales, las que cumplían la normativa legal. En estas instituciones se ha dado el mayor nivel de mejora respecto al primer análisis, dado que son ahora 27 Diputaciones, esto es, el 60%, las que han pasado a cumplir esta normativa, siendo en todo caso una proporción del cuarenta por ciento el colectivo de Diputaciones que siguen incumpliendo la normativa legal. La Diputación de Valencia no cumplía con la ley en Enero de 2016 pero sí empezó a cumplirla en el realizado en julio de 2016.
En lo que se refiere a Universidades públicas, en el anterior análisis eran 30 las que cumplían la ley de las 51 totales, mientras que ahora son 33 las que cumplen, lo que hace que del 59% de cumplimiento se haya pasado al 65%, siendo por tanto algo más de la tercera parte las Universidades que en todo caso siguen sin cumplir esta normativa legal sobre contratos.
Dado el muy abultado e inaceptable nivel de incumplimiento legal por las entidades públicas españolas, Transparencia Internacional España insta a que todas las instituciones públicas cumplan en el menor breve plazo posible esta obligación legal, de cara a que la información general y detallada de los contratos y licitaciones que llevan a cabo los miles de entidades públicas españolas se encuentre centralizada a nivel nacional y a disposición de todos los ciudadanos y empresas de este país, de cara a un aumento de la transparencia y la prevención de la corrupción, y posibilitándose además un mayor cumplimiento de las reglas de la competencia, y por tanto, de la eficiencia económica global.