Se preguntan por qué ni avisó a los municipios del caudal de los barrancos o si lo hizo solamente a los gobernados por el PSOE. ¿Avisó Jesús Ros y Andrés Campos a sus compañeros de Picanya y Paiporta, que hubiera salvado vidas?, se preguntan los vecinos.
Los habitantes de Torrent y de otros municipios de l’Horta Sud continúan expresando su indignación tras las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre, cuando los barrancos de la zona, incluido el barranco del Poyo, se desbordaron sin previo aviso a las autoridades municipales. Las críticas se dirigen hacia la Confederación Hidrográfica del Júcar, controlada por el PSOE y dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera, que, según residentes y autoridades locales, no alertó a los alcaldes ni a la población sobre el nivel crítico del caudal.
En el caso de Torrent, el Ayuntamiento actuó rápidamente al recibir la alerta roja y, a las 12:15h, emitió una notificación a los vecinos, suspendiendo las clases y recomendando medidas de precaución. Sin embargo, no todos los municipios de l’Horta Sud tomaron acciones similares, y algunos, como Picanya y Paiporta, sufrieron graves daños por la falta de información temprana. Esto ha generado dudas sobre si hubo avisos específicos a determinados alcaldes o concejales de la misma afiliación política, como Jesús Ros, exalcalde de Torrent y miembro del PSOE, o si las alertas fueron insuficientes o selectivas. Tampoco se sabe si los socialistas de Torrent avisaron a sus colegas de la comarca del caudal de los barrancos a su paso por Torrent. ¿Por qué la CHJ que tenía todos los datos, no avisó a los municipios? Se preguntan muchos vecinos.
Vecinos y autoridades locales exigen respuestas sobre por qué la Confederación Hidrográfica del Júcar, pese a contar con sistemas de monitoreo de caudales, no emitió un aviso preventivo a los municipios, lo cual podría haber permitido evacuar zonas en riesgo y proteger a la población. La situación ha despertado un debate sobre la gestión de emergencias y la comunicación entre organismos estatales, autonómicos y gobiernos locales ante eventos climáticos extremos.