La Guardia Civil ha señalado en un extenso informe de 220 páginas que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no emitió los avisos correspondientes durante la catastrófica crecida del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre de 2024, coincidiendo con una DANA que dejó 228 víctimas mortales, de las cuales 192 fallecieron en municipios situados en la cuenca de este barranco. La documentación ha sido remitida al juzgado de instrucción número 4 de Catarroja, que investiga las posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia.
Según la Cadena SER, el informe concluye que la CHJ no envió ningún tipo de aviso oficial hasta las 18:43 horas, a pesar de que los registros del caudal indicaban un aumento muy significativo desde más de dos horas antes. El umbral 1 se superó a las 16:15 h, el umbral 2 a las 17:00 h, y el umbral 3 (el máximo) a las 17:25 h, cuando ya se habían alcanzado los 1.683 m³/s. No fue hasta 78 minutos después del tercer umbral cuando se emitió el primer mensaje del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ, según recoge la emisora (Cadena SER, 25/07/2025).
La Guardia Civil sostiene que este retraso en la emisión de alertas podría deberse a que el sistema de avisos de la CHJ no es automático, sino que requiere la validación manual de técnicos. El informe critica una “aparente ausencia de control” sobre los dispositivos de medición en un momento crítico, cuando la evolución del caudal en el barranco del Poyo ya indicaba un riesgo extremo de desbordamiento.
Además, se destaca que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (112) sí estaba recibiendo numerosas llamadas de vecinos alertando de inundaciones, sobre todo en Paiporta, donde la primera llamada por desbordamiento del Poyo se produjo a las 18:32 horas. Sin embargo, el primer correo electrónico oficial de la CHJ llegó más de diez minutos después (El Confidencial, 25/07/2025).
En sus declaraciones, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, valoró que este informe avala la tesis de la Generalitat, que ya había advertido de que faltó información crítica durante las horas decisivas. Por el contrario, el PSPV-PSOE acusó al Consell de intentar desviar responsabilidades, recordando que también disponían de datos de la AEMET y del sistema de emergencias para activar los protocolos de evacuación.
La documentación se incorpora ahora al sumario judicial que investiga las responsabilidades penales derivadas de la gestión de la DANA de octubre de 2024, una de las más mortíferas en la historia reciente de la Comunidad Valenciana.
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