El país vive una situación impensable en cualquier democracia europea: El Gobierno de Sánchez, al borde del colapso político entre casos judiciales, deserciones parlamentarias y la imposibilidad de aprobar el techo de gasto
El Tribunal Supremo ha ordenado prisión preventiva sin fianza para José Luis Ábalos —exministro de Transportes, torrentino y figura clave del PSOE— y su exasesor Koldo García, en el marco del polémico “caso Koldo”. Ambos ingresaron en la cárcel de Soto del Real tras la vista en la que el juez consideró probado un “riesgo extremo de fuga”.
Las acusaciones que pesan sobre ellos incluyen —según el auto judicial— delitos graves como cohecho, malversación, gestión irregular, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias, vinculados a contratos públicos de material sanitario adoptados durante la pandemia.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de hasta 24 años de cárcel para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, lo que denota la severidad del caso.
Para la Justicia, no basta con el cargo público: la decisión de prisión preventiva se tomó porque, según los investigadores, ambos podrían tener recursos —incluidos pagos en metálico y bienes no declarados— suficientes para evadir el país.
Caja negra del partido: pagos en metálico del PSOE bajo investigación
Pero las consecuencias no terminan con la prisión. El juez instructor ha decidido enviar a la Audiencia Nacional una investigación sobre los pagos en metálico que el PSOE habría realizado entre 2017 y 2024 a Ábalos y su asesor.
Según un informe de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil (UCO), existe una “falta de concordancia” entre la contabilidad oficial remitida por el partido y los supuestos pagos en efectivo —es decir, parte de esos pagos no estaría reflejada en los libros contables.
La investigación busca determinar, entre otras cosas, quién recibió ese dinero, por qué se hizo en metálico (en lugar de transferencia bancaria), y qué justificación dio el partido. Todo apunta a que podría tratarse de un sistema de compensaciones opacas, o de pagos irregulares disfrazados como gastos de organización.
Fuentes vinculadas a la causa han declarado que, en algunos casos, el dinero habría sido recogido directamente por allegados a los investigados, lo que agrava las sospechas sobre la transparencia interna de la formación.
Rescate de Air Europa: acusaciones directas y nuevas aristas de la causa
En paralelo, ha tomado fuerza una hipótesis de investigación que conecta la trama con el rescate estatal de la aerolínea Air Europa. Una empresaria vinculada al presunto comisionista del caso —Víctor de Aldama— declaró públicamente que la empresa habría pagado 500.000 euros para que la intermediación pasase por Koldo García y, en última instancia, por Ábalos. Esa declaración motivó que el juez del Supremo lo citara como testigo de nuevo.
En su entrevista antes de la detención en El Mundo, Ábalos insinuó que, de investigarse a fondo, podría “llegarse hasta” personas vinculadas al poder ejecutivo, en alusión a la esposa del presidente del Gobierno, lo que complica todavía más el panorama.
Pese a sus declaraciones de defensa —en las que asegura que no fue él quien avisó a Air Europa sobre ayudas o rescates, y que su papel habría sido limitado a una interlocución institucional—, las acusaciones siguen cobrando fuerza.
El impacto político: desgaste, credibilidad perdida y una obligación de rendición de cuentas
Estos hechos no son solo una crisis judicial: constituyen un zarpazo a la credibilidad del PSOE y al conjunto de sus estructuras de poder. Que un exministro y su asesor entren en prisión preventiva, con una causa que involucra pagos opacos, rescates de empresas y posibles comisiones, es un golpe demoledor para cualquier partido que se proclama defensor de la transparencia y de la ética pública.
La decisión de encarcelarlos será, en principio, revisada —el auto no es firme hasta la vista de apelación— pero marca un antes y un después.
Además, la apertura de una investigación sobre la financiación interna del partido —una caja negra durante años— obliga a un escrutinio profundo: no se trata solo de responsables individuales, sino de estructuras que podrían haber permitido que este tipo de irregularidades se ocultaran sistemáticamente.
Que el mecanismo de compensaciones del partido —gastos, reembolsos, gastos operativos— pueda haber servido para desviar fondos, entregar dinero en efectivo o mantener pagos bajo la mesa, erosiona la confianza del electorado. Y si se confirma que el episodio del rescate a Air Europa formaba parte de un entramado de comisiones, la dimensión del escándalo disparará su impacto.
¿Qué hace aún en pie al Gobierno? Una evidencia de decadencia institucional
Que el Pedro Sánchez —presidente del Gobierno y máximo responsable político del PSOE— siga al frente del Ejecutivo pese a este terremoto judicial solo puede interpretarse como una señal preocupante sobre la salud democrática del país. No basta con palabras, explicaciones o defensas: un sistema político que tolera sospechas tan graves de corrupción, opacidad y comisiones, está poniendo en riesgo su legitimidad.
Los mecanismos de control interno de partidos, la fiscalización pública y la responsabilidad ética se revelan claramente insuficientes. Que la Justicia haya llegado donde el sistema interno del propio partido no quiso —o no pudo— investigar, es una derrota democrática para quienes creyeron en esa promesa de “regeneración”.
El hecho de que estas investigaciones incluyan pagos “en metálico”, contratos con sobrecostes, adjudicaciones dudosas y rescates polémicos, describe un modelo de política clientelar basado en el enriquecimiento personal de dirigentes. Es un modelo incompatible con los valores que un gobierno democrático debería defender.
El PSOE en ruinas — con la urgencia de regeneración democrática
Los elementos que hoy se conocen —prisión preventiva para Ábalos y su asesor, caja negra de financiación del partido bajo investigación, posible rescate de Air Europa con pagos opacos, acusaciones de cohecho y organización criminal— forman un conjunto demoledor. No son escaramuzas aisladas, sino una red de corrupción y falta de transparencia con alcance nacional.
Más allá de personas, lo que está en juego es la credibilidad del sistema político, del papel del Parlamento, de los partidos como instituciones de representación, y de la confianza de la ciudadanía. En ese contexto, resulta inevitable exigir responsabilidades.
El PSOE —su cúpula, su estructura interna, sus donantes, sus mecanismos de control— tiene ante sí una oportunidad histórica de mostrar que no se refugia en el poder, sino que apuesta por la transparencia. Pero para eso hace falta más que declaraciones: hace falta limpieza, rendición de cuentas, auditoría abierta, devolución de fondos si procede y sanciones si hay culpables.
Solo así podrá empezar a reconstruirse algo parecido a una autoridad moral. Mientras tanto, la democracia española debería mirar este caso como la radiografía de un gobierno en ruinas —y actuar en consecuencia.
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