La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de cuatro años y diez meses de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, por presuntos delitos de falsedad documental continuada y estafa agravada en la obtención de subvenciones públicas entre 2015 y 2019.
El escrito de acusación, presentado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, también reclama una pena de tres años de prisión para su socio, Juan Enrique Adell Bover, por su participación como cooperador necesario en los mismos hechos. Ambos están acusados de haber diseñado un entramado empresarial con el que supuestamente simularon gastos y falsificaron facturas para justificar ayudas públicas dirigidas a fomentar el uso del valenciano y del catalán en medios de comunicación.
Según la Fiscalía, las empresas implicadas —Comunicacions dels Ports S.A., Mas Mut Produccions S.L. y Canal Maestrat S.L.— utilizaron documentación falsa, domicilios ficticios y actividades ajenas al objeto de la subvención para obtener fondos públicos de las Generalitat Valenciana y también la Catalana. Los investigadores sostienen que estas prácticas se repitieron durante cuatro años y generaron un perjuicio económico de 67.497 euros, aunque esta cifra queda por debajo del umbral penal de 120.000 euros exigido para imputar un delito de fraude en subvenciones.
La Fiscalía reclama que Francis Puig indemnice a la Generalitat Valenciana con 58.866 euros y a la Generalitat de Catalunya con 51.825 euros, lo que suma un total de 110.691 euros. En el caso de Adell Bover, se solicita que responda solidariamente por 74.710 euros de esa cantidad. Puedes leer los detalles en la noticia de El País.
El Ministerio Público también contempla penas alternativas: en caso de que el tribunal no estime probado el delito de estafa agravada, propone condenar a Puig por apropiación indebida, con una pena de dos años y seis meses de cárcel, o por apropiación indebida agravada, con tres años de prisión. La Fiscalía, sin embargo, mantiene la acusación por falsedad documental como principal.
La causa se remonta a una querella interpuesta por el Partido Popular en 2019 y ha sido objeto de diversas diligencias judiciales durante años. En enero de 2025, el juez instructor dictó el auto de procesamiento contra Francis Puig y su socio, al considerar que existían indicios suficientes para enjuiciarlos por estafa y falsedad documental, aunque descartó el delito de fraude por la cuantía económica implicada. La noticia completa se puede consultar en HuffPost.
A nivel político, el caso ha generado reacciones cruzadas. Desde el PSPV-PSOE, partido al que pertenece el expresidente Puig, se ha pedido respeto al proceso judicial, mientras que el Partido Popular y Vox han exigido explicaciones y han criticado el uso de las subvenciones a medios de comunicación durante los gobiernos del Botànic. Más información en el reportaje de Cadena SER.
El procedimiento queda ahora pendiente de la apertura de juicio oral, donde se determinará si las acusaciones de la Fiscalía se traducen en una condena judicial.
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