La amnistía no solo afectará a políticos, sino también a independentistas violentos investigados por su implicación en grupos como los CDR o Tsunami Democràtic.
La Ley de Amnistía, acordada por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con los partidos independentistas catalanes, ha desatado una oleada de críticas por parte de diversos colectivos que consideran que esta medida socava los principios del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos españoles. La Asociación Profesional de la Magistratura, la representación mayoritaria en el ámbito judicial, la ha calificado como «inaceptable» e «inasumible». Vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial han llegado a hablar de la «abolición del Estado de Derecho». Jueces y fiscales han expresado su descontento, argumentando que esta ley parece diseñada para preservar el poder. Además, los sindicatos policiales la consideran una «felonía».
En palabras de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que han solicitado un pleno extraordinario para abordar el tema, «No es coherente con el Estado de Derecho que los líderes políticos queden exentos de rendir cuentas por sus acciones ante los tribunales, independientemente de la naturaleza de sus actos, con el propósito de que un candidato a la presidencia del Gobierno obtenga beneficios personales y políticos al bloquear el acceso al Gobierno de otras fuerzas políticas, o dicho de otra manera, para mantenerse en el poder».
Paralelamente, el PSOE ha convocado una consulta a la militancia que estará abierta hasta el próximo sábado, respaldada por el Comité Federal, aunque no menciona explícitamente la cuestión de la amnistía. No obstante, Pedro Sánchez, en su carta, reitera los argumentos que expresó hace dos días y muestra su confianza en que la militancia «estará a la altura».
En Torrent, los concejales del PSOE, incluido el exalcalde Jesús Ros, ya expresaron su apoyo a la amnistía en el último pleno votando nominalmente a favor de la amnistía para quienes cometieron delitos de malversación, corrupción y hasta terrorismo, en algunos casos y tras los incidentes ocurridos en Cataluña en el año 2017. Y es que según Omnium Cultural, alrededor de 1.400 personas se beneficiarían de esta medida para muchos inconstitucional.
El pleno del Ayuntamiento de Torrent votó a favor de condenar la amnistía de Pedro Sánchez con los únicos votos de PP y VOX, que son mayoría.
Los socialistas de Torrent no se unieron a Felipe González, Alfonso Guerra, García Page y los históricos del partido y sin cargo que se oponen a la amnistía.
En esta primera jornada de votación en línea, alrededor de 172,600 militantes tienen la oportunidad de participar en esta consulta, la cual está en línea con los estatutos del partido y no se limita únicamente a la cuestión del acuerdo con Sumar.
La respuesta de la consulta de la militancia se conocerá el próximo domingo, 5 de noviembre, tras la votación presencial que tendrá lugar el día anterior.
La policía en contra de la amnistía
Los sindicatos policiales se han unido al coro de voces críticas contra la Ley de Amnistía propuesta por Pedro Sánchez. Aarón Rivero, secretario general de Jupol, sostiene que esta ley representa un ataque directo a la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, que la Policía Nacional siempre ha defendido. Rivero argumenta que esta medida menosprecia a los 10,000 policías que se desplazaron a Cataluña en octubre de 2017 y 2019, cumpliendo mandatos judiciales y protegiendo la unidad de España.
«Sánchez intenta perdonar un intento de golpe de Estado, como el ocurrido en Cataluña el 1 de octubre de 2017, socavando el actual Estado de Derecho y la separación de poderes», añade Rivero. La ASP (Alternativa Sindical de Policía) se posiciona en contra, afirmando que como sindicato policial, no comparten la idea de amnistiar a quienes intentaron socavar la Constitución en Cataluña y llevar a cabo un golpe de Estado. Se cuestiona por qué se negocian privilegios para quienes no quieren que España exista o no quieren ser parte de ella.
La Unión Federal de Policía también se opone a la amnistía y, de hecho, apoyó la manifestación en Barcelona. Vale la pena destacar que la amnistía no solo afectará a políticos, sino también a independentistas violentos investigados por su implicación en grupos como los CDR o Tsunami Democràtic.
Decenas de personas acusadas en relación con el proceso independentista catalán, conocido como el ‘procés’, verán desaparecer de la noche a la mañana todas sus responsabilidades legales, económicas y administrativas gracias a esta ley de amnistía, lo que ha generado un fuerte debate en la sociedad española.
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