El alcalde de Torrent, Jesús Ros convocó ayer a los medios de comunicación para dar explicaciones ante su inminente declaración ante el juez el 8 de julio, tras haber puesto Compromís en manos de la Fiscalía que desde el Pleno del 5 de noviembre de 2015, la Junta de Gobierno de Torrent presidida por Ros, no había dado cumpliento a las resoluciones plenarias, no habiendo presentado al Pleno, ningún proyecto de creación de los órganos de Gran Ciudad para el municipio de Torrent.
Además, la creación de estos órganos de Gran Ciudad, fueron el punto 3 del acuerdo de investidura por el que Compromís entregó la alcaldía de Torrent a Jesús Ros en 2015, en detrimento de Amparo Folgado (PP), que fue la ganadora de las elecciones. El acuerdo de investidura entre el PSOE y Compromís fue firmado el 15 de junio de 2015 en la notaría de Sorribes en Torrent.
Ros explicó ayer que estos órganos se tienen que poner en marcha pero «cuando las condiciones lo permitan». Además, Ros afirmó que lo que ha hecho Compromís es «la mala política, la del barullo, la del espectáculo, la de tirarse los trastos a la cabeza, la marrullera que busca el titular… la que no hay que hacer». Por su parte, el concejal Andrés Campos calificó la denuncia como «persecución personalizada contra el alcalde» y a que Compromís ha perdido gran parte de su electorado, queriendo «ganar con la justicia lo perdido en las urnas».
Compromís por su parte, alegó en otra rueda de prensa, que ellos sólo habían puesto en manos de la Fiscalía la omisión por parte de la Junta de Gobierno Local, de crear de los órganos que establece la ley 4/2010 de les Corts, de aplicación a Torrent del régimen de organización de municipio de gran población. Y que ha sido la Fiscalía la que ha apreciado indicios de la comisión de un tipo penal, por lo que ha remitido estas actuación al Juzgado Decano de Torrent, para incoar diligencias penales.
En el año 2012, Compromís ya presentó una moción para que se crearan estos órganos y como la propia formación nacionalista afirma en su comunicado «el Ayuntamiento de Torrent se comprometió a ponerlos en marcha cuando financieramente fuera posible». Situación que se dio en el año 2015, por lo que Compromís presentó dos acuerdos de eficacia jurídica directa que se llevaron a pleno del 5 de noviembre de 2015 y que fue aprobado, otorgando un plazo de 6 meses para dar cumplimiento al acuerdo plenario.
Compromís, además, alega que «no pueden argumentar cuestiones económicas cuando han sacado pecho de su gestión, con superávits y gastado, por ejemplo, 700.000 euros en comprar el edificio de La Malagueña».
Toda esta situación está en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrent, que ha citado como investigado al alcalde de Torrent, Jesús Ros y ya se verá si prosigue el camino judicial o no.